El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia ratificó hoy la continuidad de su protesta, llamó a nuevas movilizaciones para el miércoles y viernes de la próxima semana y respaldó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en medio de más denuncias de represión, excesos y abusos por parte de la policía al finalizar las concentraciones de ayer.

Las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Pasto y el pequeño municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia, fueron escenario de otros ataques represivos por parte de las fuerzas de seguridad, en todos los casos cuando las masivas movilizaciones ya se habían terminado o no había razones para un accionar violento, según las denuncias.

Estos hechos empañaron una jornada que en líneas generales se había entendido con protestas sin incidentes, de tal masividad que el Comité ratificó la continuidad de las medidas de fuerza, aunque se mantiene en conversaciones con el Gobierno para abrir de manera definitiva una negociación.

"Hemos gestado un grandioso movimiento con logros muy importantes, que han costado muchísimo y que nunca y por ningún motivo tuvieron por qué ser sometidas a la brutal violencia policial, ni a la injusta y grotesca estigmatización", advirtió una declaración del CNP, que reúne a unas 40 organizaciones.

La actitud de la policía y, fundamentalmente, del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) sigue en el centro del debate porque aunque la mayoría de las movilizaciones de ayer fueron en calma, en varias ciudades volvieron a darse escenas represión y enfrentamientos.

En Bucaramanga las autoridades denunciaron que un grupo de jóvenes vandalizó un Comando de Atención Inmediata (CAI) y amenazaba con atacar un centro comercial, y por eso intervino el Esmad, que dispersó la manifestación con una tanqueta.

Muchos jóvenes se protegieron en la Universidad Industrial de Santander y pudieron salir solo a través de una suerte de “corredor humanitario”, con las garantías de un sacerdote y delegados de organizaciones de derechos humanos, ya con el Esmad retirado. Todo ocurrió alrededor de las 22.30.

El alcalde Juan Carlos Cárdenas advirtió que un “pequeño grupo de actores violentos intentó vandalizar el centro comercial Megamall y partió vidrios del CAI San Alonso, razón por la cual intervino la policía para evitar lesiones a transeúntes y más daños a bienes".

En Pasto, departamento de Nariño, se dio la situación más grave porque en medio de un gran acto cultural cinco encapuchados, según se ve en videos, tiraron piedras a dependencias de la alcaldía primero y de la gobernación después.

“Uno de ellos hace alardes de equilibrista y se sube al segundo piso, mostrando experticia en este tipo de acciones y automáticamente la policía no controla a esas personas sino que entra con gases a la Plaza de Nariño. Esto parece fríamente calculado, o al menos muy coordinado. Lo que sigue son enfrentamientos, piedras, retenciones, golpes, gases. Es como si a los integrantes de la Fuerza Pública se les disparara el botón de brutalidad y todos se vuelven `enemigos`”, relató en su sitio web el diario Nariño Hoy.

Andrea Arteaga, activista de Paz a la Calle, denunció a Télam que hubo una “muy fuerte represión en la plaza” y advirtió que muchos policías e integrantes del Esmad “salieron de la alcaldía y del Concejo Municipal, recintos democráticos que no deberían servir para eso”, y que atacaron a la multitud -entre 10.000 y 15.000 personas- que escuchaba un concierto en la plaza central.

“Lo más preocupante es que, además de usar gases, bombas aturdidoras y un despliegue brutal de fuerzas, los mismos ´gestores de paz´ que contrató la alcaldía de Pasto no aparecieron, no estaban ahí. Habían estado en las movilizaciones, pero después ya no. Eso es grave”, reseñó Arteaga.

Relató además que hacia la medianoche, en la Casa de la Memoria de Nariño, llevaban documentadas 55 desapariciones y decenas de heridos, que incluían personas con perforaciones de postas.

“Y la policía llevaba a los detenidos no a los centros de detención temporal, sino a la sede de la Alcaldía, así que la Alcaldía primero alberga a la policía y después a los manifestantes, a los que entraban a los golpes”, dijo.

Denunció finalmente que “los hechos de vandalismo fueron de 4 o 5 personas, no más, que no fueron detenidos, y por eso se habla de una posible infiltración, que a la excusa para disipar a los de la plaza”.

Por su parte, la líder social Valentina Cardona, fundadora de la organización Insurrectas, coincidió con el relato de los hechos y denunció que el Esmad “promovió un ataque tremendo en toda la ciudad, pero más que nada en el centro”, y juzgó “brutal” el accionar de la policía.

“Pasto y Nariño están muy alejados de la capital que hay poca difusión sobre lo que pasa. Pero acá el paro seguirá lo que tenga que seguir hasta que veamos cambios reales en la estructura de poder. Estamos firmes en la lucha”, afirmó Cardona a Télam.

En Medellín no parece claro la causa del inicio de los choques entre la policía y quienes protestaban, y el personero de la ciudad –un cargo de protección de los derechos humanos-, William Yeffer Vivas Lloreda, se limitó a hablar de “varias confrontaciones entre fuerza pública y manifestantes, de las cuales se identificaron más de 40 personas heridas, 10 de éstas llevadas a centros hospitalarios y más de 30 fueron atendidas en los lugares de concentración”.

Y en Caucasia varios ciudadanos denunciaron en las redes sociales que hubo ataques de supuestos civiles contra manifestantes.

“Llegaron algunos sujetos no identificados bloqueando la vía que da ingreso a Caucasia y a la costa atlántica, e intentaron incinerar una estación de servicio. Ante la alteración del orden público se realiza el despliegue inmediato del escuadrón móvil antidisturbios. 13 uniformados resultaron heridos”, escribió el coronel Jorge Miguel Cabra Díaz en su cuenta de Twitter.

Todas estas denuncias –más las anteriores, con unos 50 muertos y centenares de heridos- alimentan dos de los reclamos del Comité del paro: la salida del cargo del ministro Molano y el pedido de que se autorice la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que constate en el territorio la falta de garantías en las protestas.

(Télam)