Colombia: pidieron que investigen a los expresidentes Uribe y Santos por ejecuciones extrajudiciales

El Espacio de Litigio Estratégico de Colombia, compuesto por 10 organizaciones de derechos humanos, presentó hoy en Bogotá un informe sobre ejecuciones extrajudiciales en el que reclama a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investigue la conducta de los que considera los máximos responsables de esos hechos, entre ellos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El informe, titulado “Ellos sabían, ¿dieron la orden? El salto de principio de distinción a la barbarie”, fue hecho por el Espacio, que reúne a organizaciones que llevan más de 20 años en la defensa de los derechos humanos y que participan del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
“Este informe pretende llamar la atención de la JEP sobre aquellos máximos responsables, que por su nivel jerárquico deberían ser vinculados como comparecientes forzosos para ser escuchados en versiones voluntarias y así luego del correspondiente ejercicio de contrastación considerar su grado de participación en el diseño, implementación, difusión y continuidad de la política institucional que facilitó la comisión de las ejecuciones extrajudiciales”, señala el texto.
El documento afirma que desde 2006 altos mandos militares y civiles tenían conocimiento sobre las ejecuciones extrajudiciales, una práctica en la que se asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, y que cobró la vida de 6.402 víctimas en el periodo de 2002 al 2008, según hallazgos de la JEP.
En la lista de responsables propuesta por las organizaciones del Espacio para que sean llamados por la JEP están Uribe, presidente en el momento de las ejecuciones, y sus dos ministros de Defensa, Camilo Ospina Bernal y Santos.
También Sergio Jaramillo Caro, exviceministro para los derechos humanos en el Ministerio de Defensa y uno de los negociadores del Acuerdo de Paz.
Además, se pide la citación de los excomandantes del Ejército, generales Fredy Padilla de León, Mario Montoya Uribe y Óscar González Peña; y los mayores generales y exinspectores del Ejército Carlos Lemus Pedraza y Carlos Orlando Quiroga Ferreira.
En el informe también se encuentra el análisis de al menos 50 declaraciones públicas del presidente Uribe, porque, de acuerdo con las organizaciones, los discursos de odio y estigmatización característicos de la política de Seguridad Democrática, insignia de su gobierno, sustentaron el desarrollo y perduración de los llamado “falsos positivos”.
Una de las principales conclusiones del informe, según el sitio del diario El Espectador, es la relación directa entre el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y la consolidación de la política de Seguridad Democrática por la búsqueda de resultados exitosos, bandera del gobierno de Uribe.
“Consideramos que el uso político que se dio a las ejecuciones extrajudiciales sirvió para implementar en el imaginario de la población colombiana una percepción de triunfo de la actividad militar, comandada por el presidente del momento”, asegura el texto.
El Espacio de Litigio Estratégico remarcó que el objetivo del informe es que la JEP se enfoque en la responsabilidad de las personas que “por su liderazgo, autonomía y grado de poder, incentivaron, motivaron y omitieron crear sanciones para detener” las ejecuciones extrajudiciales y castigar a quienes participaron en cualquier nivel.
Conforman el Espacio la Asociación Para la Promoción Social Alternativa (MINGA); el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda; la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR); la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP); la Corporación Jurídica Libertad; la Corporación Jurídica Yira Castro; y la Humanidad Vigente Corporación Jurídica.
(Télam)