Colombia pide a organizaciones internacionales cuidar los DDHH de los policias

El Gobierno de Colombia defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y pidió a organizaciones internacionales que analicen las violaciones a los derechos humanos que sufren los uniformados desde el inicio de las protestas y movilizaciones, que ya suman más de 40 manifestantes muertos y al menos 123 desaparecidos.
En una carta que el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, mandó a ocho organizaciones, pidió "un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de la fuerza pública".
Advirtió que esos derechos "son vulnerados en una situación en la que están en cumplimiento de su mandato constitucional de preservar el orden público y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos".
La carta fue enviada a la representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliet de Rivero; al jefe de la Misión de Verificación de la ONU del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu; al jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez; a la titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola; y al jefe de la delegación local de la Cruz Roja, Lorenzo Caraffi.
El mismo texto fue para el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la secretaria general de Amnistía Internacional, Agness Callamard; y el director para Latinoamérica de la ONG estadounidense WOLA, Adam Isacson.
En la carta, Molano advirtió sobre "acciones que han estado caracterizadas por el desarrollo de una estrategia de desestabilización institucional y comportamientos colectivos que han superado los límites de la legalidad, el derecho a la manifestación pública y pacífica".
El texto se conoció hoy a través de los sitios de los diarios El Espectador y El Nuevo Siglo, pero fue enviado el 23 de mayo, apenas un día antes de que Molano enfrentara en el Senado una moción de censura de la que salió airoso merced a la alianza gobernante. Lo mismo pasó en la Cámara de Representantes.
La carta, que fue acompañada de un informe sobre ataques a policías y militares, comienza con una sentencia: "Paralelo a las actividades de reunión y manifestación pública y pacífica, ha sido evidente que se han presentado actos de vandalismo y hechos criminales en diferentes regiones del país, generando agresiones a la integridad de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública y afectaciones directas a los bienes públicos y privados".
Por eso, evaluó que "el uso de la fuerza legítima por parte del Estado se encuentra amparado en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y por la normatividad interna de la Policía Nacional".
"Su empleo es un medio constitucional y legal que utiliza la Policía, depositado de manera exclusiva en sus miembros uniformados", escribió Molano, que cifra en 1.040 civiles y 1.055 uniformados, entre ellos 53 mujeres, el número de víctimas de violencia durante los días de protestas, pese a que los muertos son en su abrumadora mayoría civiles manifestantes.
A las ocho organizaciones, el titular de Defensa les reclamó que esos hechos contra policías "sean considerados como parte de los informes periódicos" de cada una y les reiteró su compromiso con las investigaciones por la violencia denunciada.
Varias ONG expresaron su preocupación y denunciaron la violencia desmedida de las fuerzas de seguridad, y especialmente del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) en las protestas. De hecho, las mociones de censura contra Molano en el Congreso estaban basadas en el "tratamiento de guerra" que le dio a las movilizaciones. (Télam)