La comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile aprobó hoy un proyecto de ley para indultar por razones humanitarias a los imputados durante las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente del país que comenzaron en octubre de 2019, pese a que el presidente Sebastián Piñera anunció que vetará la iniciativa en caso de ser aprobada.

La resolución, que obtuvo tres votos a favor y dos en contra, fue presentada por un grupo de senadores opositores y deberá ser discutida también en las comisiones de Seguridad y Constitución para continuar su trámite legislativo, informó la agencia Europa Press.

La votación se dio tras una serie de sesiones donde se escucharon a diversos actores políticos, judiciales, expertos en derecho y agrupaciones de familiares de detenidos en el marco del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019 como una protesta contra la suba del precio del transporte público.

Sin embargo, las manifestaciones rápidamente crecieron en número de personas y desembocaron en denuncias más amplias en contra de la desigualdad social y a favor de una nueva Constitución, lo que finalmente se plasmará en la elección de una asamblea constituyente el próximo 11 de abril.

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente de los Carabineros, fue objeto de análisis y críticas en este último año, especialmente por los excesos cometidos en la represión de las protestas.

Las manifestaciones terminaron con más de una treintena de muertos, mutilados oculares y miles de heridos, además de denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y otros episodios de violencia, como incendios.

Según datos del Ministerio Público, la Fiscalía formalizó hasta el pasado octubre la imputación a 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas, de los cuales 2.180 pasaron a prisión preventiva.

Con esta propuesta, la senadora demócrata-cristiana Yasna Provoste argumentó que "se abre una discusión indispensable" respecto a la situación de las personas detenidas, "en cuyos procesos se han demorado más de un año, sin que avancen mínimamente".

Por su parte, el senador del izquierdista Frente Amplio Juan Ignacio Latorre aseguró que el proyecto tiene "un carácter humanitario" y destacó que "la respuesta a las personas que se movilizan no puede ser solo la cárcel".

Tras emitir uno de los votos en contra, el senador oficialista Iván Moreira argumentó que se trata de una iniciativa "grave y sesgada", cuyo objetivo "es darle impunidad a la izquierda y al lumpen donde se destruyó todo".

El proyecto de ley busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido detenidos desde octubre de 2019 hasta la fecha de presentación del documento, en el marco de protestas, concentraciones y manifestaciones, con excepción de procesados por delitos terroristas.

Si bien la iniciativa parlamentaria reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles en la legislación chilena, "se ha vivido un proceso distorsionado" en estos casos debido a "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y la apertura de múltiples procesos penales".

El fiscal nacional, Jorge Abbot, cuestionó el pasado 4 de enero los alcances de la propuesta legislativa y señaló que "es un precedente extremadamente grave" que "agravia a una institución que ha hecho bien su trabajo".

Luego que Piñera adelantara que vetará la ley en caso de aprobarse, múltiples organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración pública rechazando lo que a su juicio es "una grave intromisión" en las funciones de un poder del Estado.

Hasta hoy, cientos de personas se concentran todos los viernes en el centro de la capital para exigir la libertad de los presos y cambios en las medidas cautelares, además de celeridad en los procesos judiciales. (Télam)