CELS: El informe de la CIDH sobre Bolivia es la conclusion de un proceso acordado con el Estado

La coordinadora del área Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Camila Barretto Maia, consideró hoy que el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que confirmó las "masacres" de civiles en Bolivia, antes y después del golpe de Estado en 2019, es "la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano".
"Es importante el peso institucional que tiene este informe y este momento para la historia de Bolivia porque es la conclusión de un proceso acordado con el Estado boliviano, incluso desde que estaba (Jeanine, expresidenta de facto) Áñez en el poder. Es el relato oficial de ese grupo de expertos de la Comisión Interamericana, designados especialmente para eso, sobre lo que pasó. En cuanto al momento para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia sobre lo que sucedió en estos meses de 2019, es un hecho de la mayor importancia", expresó Barretto Maia a Télam.
Si bien el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH había sido originado en un acuerdo con el Estado en 2019, fue impedido y postergado reiteradamente por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, y recién pudo comenzar con posterioridad a la victoria electoral del masista Luis Arce, en 2020.
El informe del GIEI determinó que "en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas".
Una de las víctimas fatales fue el periodista argentino Sebastián Moro, quien cubría el derrocamiento del expresidente Evo Morales y que fue encontrado inconsciente y en su departamento paceño y murió días después en una clínica; según un médico externo que fue a realizarle un estudio, las marcas que presentaba en su cuerpo coincidían con señales de torturas.
"El informe detalla todos estos casos, lo que se pudo averiguar con todos los testimonios y evidencias que se recolectaron, da muchas indicaciones de por dónde seguir para obtener justicia, y, sobre todo, informa las deficiencias que están teniendo los procesos judiciales en Bolivia", manifestó la licenciada en Relaciones Internacionales.
Hay dos aspectos en particular que llamaron la atención de Barreto Maia: por un lado, la caracterización de acciones que llevaron adelante determinados grupos sociales y que invita a un debate respecto de la responsabilidad y, por otro, el rol que asumieron las fuerzas policiales durante los motines del 8 y 9 de noviembre.
"Entre las cosas que me parecieron más interesantes está alguna caracterización que hace de algunos grupos sociales, como puede ser la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala, balo el supuesto paraguas del derecho a la protesta. ¿Hasta dónde está el límite del derecho a la protesta o de una fuerza legítima política o no? Creo que el informe da algunas pistas para profundizar esta conversación sobre responsabilidades, y apunta un poco al rol de algunos discursos o autoridades vinculadas en aquella época a estos grupos, que ayudaron a profundizar la violencia social", precisó Barretto Maia.
A estos grupos se les atribuyen los graves ataques y violentas amenazas contra medios de comunicación y periodistas, incluyendo los que terminaron en la muerte de Moro.
El segundo punto que la coordinadora resaltó del reporte es sobre el momento en que "se profundizó la violencia generalizada en Bolivia".
"Se destaca muchísimo el rol de las fuerzas policiales amotinadas el 8 y 9 de noviembre y el de las fuerzas armadas actuando de manera políticas. Estas son cosas que hay que leer con atención", enfatizó.
Por último, consideró que "hay un planteo transversal en todo el informe sobre la justicia" y que se presenta "una multiplicidad de casos de violaciones con características, responsabilidades y causas distintas".
"Hay dos masacres que son muy conocidas, pero después hay un montón de hechos que son más o menos aislados, algunos cometidos por fuerzas del Estado, otros de violencia social, detenciones arbitrarias o personas que fueron criminalizadas por el poder judicial", explicó.
El documento "hace una serie de recomendaciones con niveles diferentes de complejidad, desde abrir causas más inmediatas, hasta reformas bastante estructurales, de fuerzas policiales y armadas, relacionadas al derecho a la protesta y protocolos sobre el uso de la fuerza, otras para encontrar a responsables".
"Por eso es importante que se inaugure un proceso de cumplimiento que puede que sea largo. Se necesita avanzar en un proceso de verdad, memoria y justicia", concluyó Barretto Maia. (Télam)