Una serie de allanamientos en tres ciudades de Ecuador dejó hoy 14 detenidos presuntamente involucrados en una organización delictiva que cruzó maniobras en la Contraloría, la empresa estatal Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia, se informó oficialmente.

Entre los detenidos está el contralor General del Estado, Pablo Celi, y el exsecretario de la Presidencia y exministro de Energía José Augusto Briones.

"Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado realizó 25 allanamientos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Samborondón; se detuvo a 14 ciudadanos con fines investigativos", detalló el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede del Ejecutivo, Martínez consignó además las aprehensiones de Pablo Flores, exgerente de la petrolera estatal Petroecuador, otros exfuncionarios y asesores y a un hermano de Briones.

Martínez resaltó que la posición del presidente Lenín Moreno es de respeto a la autonomía de la Justicia, así como a la de los organismos de control del Estado como la Fiscalía, reseñó la agencia Sputnik.

Añadió que el jefe de Estado dispuso a todos los ministros, principalmente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, las carteras de Gobierno y Energía y todos los organismos que sean requeridos por la Fiscalía para que esa institución pueda desarrollar sus investigaciones con total independencia del Ejecutivo.

Según informó la Fiscalía, las detenciones son parte de una investigación por presunta delincuencia organizada abierta en junio de 2019.

En los allanamientos los agentes se llevaron documentos, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, computadoras, información financiera, dinero en efectivo y cajas fuertes, entre otros elementos.

Los detenidos fueron llevados a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito, para rendir versiones sobre el posible delito.

De acuerdo con la Ley Penal ecuatoriana, la pena por delincuencia organizada es de entre siete y 10 años de prisión

Petrobras ya carga con al menos otros 7 procesos por denuncias de maniobras irregulares, al punto que ahora busca recuperar algo de imagen con pedidos de declaraciones juramentadas, condicionamientos comerciales y solicitudes de asistencia internacional.

Uno de las causas más serias graves es por el llamado “casi Gunvor”, una empresa suiza de comercio de hidrocarburos que habría pagado sobornos por 22 millones de dólares a funcionarios de la estatal petrolera.

Otro caso similar se dio con la firma Vitol, a la que la justicia de Estados Unidos acusó de pagar sobornos en Ecuador y otros países para obtener contratos de manera ilegal. (Télam)