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Castillo, el docente sindicalista que promete priorizar a los postergados en Peru
Jose Pedro Castillo, un gremialista, maestro de escuela publica y referente de una region rural, es el favorito para ganar el balotaje presidencial de junio en Peru, un pais en donde hace años la educacion publica pierde alumnos a manos de la
Mundo 15 de mayo de 2021 Agencia TélamDe veloz ascenso en la dispersa escena política peruana, Castillo parece irrumpir, con un sombrero blanco típico de su ciudad natal Cajamarca, como abanderado de las demandas de varios de los sectores sociales que quedaron relegados dos décadas atrás, pero también de quienes fueron desoídos durante estos 17 meses de pandemia de coronavirus.
Casi como una antítesis de la candidata del partido de derecha Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, el candidato de Perú Libre, quien pone en alto la consigna "No más pobres en un país rico", selló una alianza con la excandidata Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, una referente de una izquierda más urbana, de clase media y con reivindicaciones de derechos civiles que escasearon en la plataforma de Castillo en la primera vuelta.
Castillo obtuvo en las urnas la primera minoría de votos, con un 19% y con Mendoza podría superar un 26%.
"No queremos volver al pasado, a los 90, cuando se derrumbó la democracia, cuando se saquearon y remataron nuestras riquezas, cuando se despidieron a cientos de miles de trabajadores arbitrariamente y cuando se esterilizó a miles de mujeres campesinas en contra de su voluntad. No queremos eso para nuestro país nunca más", destacó Mendoza al firmar la alianza con Castillo.
Nacido en el distrito de Tacabamba hace 51 años e hijo de campesinos iletrados, es el tercero de nueve hermanos y el único que llegó a la universidad; se formó como profesor de primaria y luego cursó un bachillerato en Educación en 2006 en la Universidad César Vallejo, en la ciudad de Trujillo, donde finalmente se graduó como magíster en psicología educativa en 2013.
De escasa participación en redes sociales, al igual que su esposa -también maestra rural- y sus dos hijos, de 7 y 16, el rostro de Castillo se nacionalizó en 2017 cuando dirigió a miles de colegas docentes en una huelga nacional que se prolongó por casi 80 días, entre junio y septiembre de 2017.
El aumento salarial y la derogación de un cuestionado sistema de evaluación de los docentes fueron dos de las demandas del paro que dejó sin clases a 3,5 millones de alumnos de escuelas públicas y obligó al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a acceder a la mayoría de los pedidos.
Sin embargo, al año siguiente la partida del presupuesto nacional destinada a educación volvió a caer de un 3,93% del PBI a un 3,72%, según cifras publicadas por el Banco Mundial.
Este año, cuando contó a la prensa por qué había decidido postularse a la Presidencia y ningún sondeo o proyección lo beneficiaba, Castillo relató las dificultades que sus alumnos vivieron durante el primer año de la pandemia, cuando el país sufrió una contracción de su economía de alrededor del 12% después de 20 años de crecimiento macroeconómico sostenido y llegó a alcanzar la tercera mayor tasa de mortalidad por Covid-19 en todo el mundo.
Con ese trasfondo, Castillo se lanzó a hacer campaña con muchas promesas que no suelen dominar el debate político en Perú. Por ejemplo, que el 70% del presupuesto anual del sector público debe priorizar áreas como educación y salud, mientras que el resto, se distribuye entre transporte, agricultura y saneamiento.
En términos de PBI, se comprometió a destinar un 10% a la educación pública y otro 10% a la salud, con el objetivo de garantizar la gratuidad de los servicios, aumento de los salarios y mejorar la infraestructura y equipamiento de ambos sectores.
También prometió que se terminará con el monopolio de la salud en las regiones del país y cada una de ellas tendrá cinco hospitales especializados y que, en tres de ellos además, se realizarán funciones de docencia, investigación y asistencia.
Castillo es dirigente pero no líder máximo de su partido político, una fuerza que se define como el representante del "Perú profundo" y dice "asumir compromisos con los pueblos más necesitados", pero cuyo secretario general, Vladimir Cerrón, ha sido condenado por corrupción e inhabilitado para ocupar cargos electivos, y es utilizado por el fujimorismo y el resto del establishment político y económico del país para atacar al candidato.
Pese a que Castillo y Cerrón han tenido algunas diferencias a lo largo de la campaña, ambos coinciden en que una promesa central de su programa es la necesidad de una nueva Constitución en reemplazo de la que se creó en 1993, durante el primer mandato de Alberto Fujimori, padre de su actual rival electoral.
Uno de los cambios que Castillo pide incluir en la nueva Carta Magna es entender al Estado como un competidor al mismo nivel que las empresas privadas, en un sistema que define como una "Economía popular con mercados" y en la que no se otorgarán privilegios en negociaciones a firmas transnacionales.
Además propuso un "Estado interventor, planificador, empresario, protector", que además de tener el control de los principales recursos naturales y limitar la inversión extranjera, regule el sector de medios de comunicación para evitar monopolios. (Télam)
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