La oposición boliviana liderada por el gobernador de Santa Cruz y uno de los protagonistas del golpe de Estado de 2019, Luis Fernando Camacho, busca aglutinar el repudio de las clases medias urbanas y los gremios alternativos al Movimiento al Socialismo (MAS) contra lo que considera la persecución del Gobierno a periodistas, policías y civiles, una escalada que el oficialismo denuncia como parte de un plan de desestabilización contra el presidente Luis Arce.

"En Santa Cruz hay una radicalización anti masista que nos recuerda los primeros años del Gobierno de Evo Morales. La ruptura entre el Gobierno y los empresarios privados, entre los banqueros y el Gobierno es muy notoria, no hablan entre ellos", explicó a Télam el analista político boliviano Fernando Molina sobre la polarización política que tiene de un lado al Ejecutivo de Arce y del otro a "las élites tradicionales del país, que tienen el control del capital económico, el capital cultural y los medios de comunicación".

Sin embargo, no solo los empresarios se configuran como opositores al MAS, también las clases medias de las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz de la Sierra.

"El Gobierno ha dado por perdidas a las clases medias, ya enfrentadas al MAS hace mucho tiempo por razones que no solo son políticas sino también étnico-raciales y económico-sociales", detalló Molina sobre los sectores históricamente contrarios al movimiento liderado por Morales desde 2006.

Uno de ellos es el actual gobernador cruceño y líder del partido Creemos.

Camacho, de 41 años, fue quien colocó una biblia sobre la bandera boliviana en la sede de Gobierno y llevó una carta de renuncia para que el entonces presidente Morales, ya jaqueado públicamente por la Policía y las Fuerzas Armadas, firmara.

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"La vida y seguridad de periodistas, policías y civiles, corre peligro en manos de avasalladores que se sienten protegidos por el Gobierno del MAS y que se muestran cada vez más violentos", tuiteó la semana pasada Camacho sobre lo que consideró son repetidas persecuciones políticas desde que Arce asumió el poder.

Además de las denuncias del gobernador de Santa Cruz, la oposición se sumará mañana, en el primer aniversario del Gobierno, a un paro anunciado por los gremios del transporte, médicos y comerciantes informales en protesta de una ley oficialista que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas que la oposición considera parte de un "totalitarismo económico y financiero".

"Hemos resuelto dar un plazo de ocho días, que vence el 7 de noviembre. Caso contrario estaríamos volviendo a salir a las calles en un paro indefinido con cierre de mercados y cierre de fronteras a cargo de todos los sectores", declaró el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa.

"Todas las instituciones lo van a respaldar por completo, queremos libertad, democracia y que este Gobierno indolente nos escuche", anunció el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, según el medio local La Razón.

Desde el MAS creen que estos sectores carecen de legitimidad y base social y que esta medida forma parte de una táctica para desestabilizar al Gobierno.

"Francisco Figueroa se hace pasar como dirigente nacional de los gremiales y cada sector gremial de los departamentos están lanzando su desconocimiento porque él no los representa", dijo a Télam el extitular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia Beymar Acuña.

"Es un títere del sector fascista en Bolivia que no tiene legitimidad orgánica. Camacho y sus operadores políticos manejan a esta gente con plata y prebendas", disparó. (Télam)