Cabildo Abierto, uno de los partidos que integra la coalición de Gobierno de Uruguay, denunció hoy que fueron “burócratas bien pagados” los funcionarios de la ONU que advirtieron sobre un proyecto de la fuerza para otorgar prisión domiciliaria a presos mayores de 65 años, iniciativa que favorecería a represores de la última dictadura, y reclamó la no injerencia en sus asuntos internos.

“Los organismos internacionales tienen una particular tendencia a opinar sin conocer hechos y realidades de cada país", lamentó el senador Guillermo Domenech, que juzgó que los cuestionamientos no fueron de la ONU “sino de unos burócratas bien pagados que manifiestan su opinión con supina ignorancia”.

Cinco relatores de la ONU en materia de derechos humanos expresaron ayer, en una carta que enviaron al presidente Luis Lacalle Pou, su “profunda preocupación” por la chance de que avance en el Congreso en proyecto de Cabildo Abierto para que la pena de prisión sea domiciliaria en los casos de personas mayores de 65 años.

Para el organismo, el proyecto beneficiaría a individuos "condenados por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad", y eso es "contrario al derecho internacional”.

En declaraciones al diario El Observador, Domenech expresó que las "cárceles no están hechas para mortificar a los presos" y manifestó que él mismo atiende recomendaciones internacionales en cuanto al estado de situación de las cárceles y de los presos adultos en pandemia.

"Todos los delincuentes tienen derechos humanos", señaló.

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Aunque en Uruguay nadie está condenado por delitos de lesa humanidad, porque esa figura se estableció en 2006 y los tribunales entendieron que la ley penal no es retroactiva, los militares que podrían beneficiarse con la prisión domiciliaria son responsables de homicidios especialmente agravados cometidos durante la dictadura.

El proyecto de ley de Cabildo deja afuera del régimen especial a los que cometieron violaciones, homicidios agravados (salvo los casos en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito) y crímenes y delitos de lesa humanidad que se hubieren cometido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley incorporada en septiembre de 2006.

Esas excepciones permitirían que el beneficio pueda ser otorgado a los represores que están recluidos en el penal de Domingo Arena.

Ayer, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y exjefe del Ejército, había destacado en su cuenta de la red Twitter que “uno de los pilares del artiguismo, tan vigente hoy como hace dos siglos, es el respeto a la soberanía particular de los pueblos”.

“Hablando claro: velar porque los uruguayos se gobiernen a sí mismos, sin injerencias de afuera, aplicando la Constitución por encima de todo...”, escribió. (Télam)