El excomandante de la Policía Yuri Calderón, jefe de la fuerza en Bolivia en noviembre de 2019, cuando se produjo el golpe institucional contra Evo Morales, carga con una orden de detención en su contra dispuesta por el Ministerio Público, en el marco de la causa iniciada por la salida obligada del cargo del exmandatario, informó hoy la prensa local.

El documento, publicado por la red ATB, señala que la decisión emana de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, en el proceso que tiene como principales acusados al excívico cruceño Luis Fernando Camacho -electo gobernador de Santa Cruz- y a su padre José Luis Camacho, entre otros.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, a lo que se sumó un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones, que alimentó el discurso del fraude.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Alberto Aguilar, en entrevista con la Doble 8, explicó hoy que se buscó a Calderón en tres domicilios y “se ha revisado el flujo migratorio y no existe ninguna salida por un punto registrado”.

Calderón está acusado de los delitos de terrorismo, conspiración, sedición, y conspiración en grado de complicidad, detalló la estatal agencia ABI.

Camacho lideró al Comité Cívico Pro Santa Cruz en las revueltas contra los resultados de las elecciones de 2019, y hasta admitió que su padre “cerró” con policías y militares que no se reprima a los movilizados, lo que, según el MAS, es una “prueba” de que en 2019 hubo un “golpe de Estado”.

Por este caso también se busca detener a Sergio Orellana, excomandante de las Fuerzas Armadas, quien no se presentó a declarar y se cree que huyó del país.

Ayer, la Fiscalía detuvo al almirante Flavio Arce, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, quien se sumó a otros jefes policiales y militares de menor rango detenidos desde principios de año.

En tanto, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) llamó hoy a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

"La APDH convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.

El comunicado de la APDH afirmó que militares y policías no hicieron un golpe, sino que "salieron a defender al pueblo" y demandó a la justicia que “sea también parte de este grito y respete los derechos humanos de todos los afectados por esos acontecimientos" de 2019, según la agencia Sputnik.

El procesamiento de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, sus colaboradores y exjefes militares y policiales fue recomendado en octubre pasado por el Parlamento, en base a una investigación que tipificó como masacre a la muerte de una treintena de personas en manifestaciones que fueron reprimidas por la fuerza pública. (Télam)