El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, desplegó en la madrugada de hoy unos 10.000 militares y policías en el municipio de Soyapango, en la periferia este de San Salvador, en el marco de la "guerra" contra las pandillas que lanzó en marzo y que le valió críticas de diversos organismos de derechos humanos por el régimen de excepción que implementó.

"A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad", anunció Bukele en Twitter, en referencia a la localidad de 242.000 habitantes.

El mandatario había anticipado hace unas semanas que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros.

Los agentes se ubicaron durante la madrugada en todas las calles de acceso a Soyapango y no permitían que nadie entrara ni saliera sin ser registrados. El ministro de Defensa, René Merino, precisó que se instalaron 40 "puntos de control" en el municipio, considerado inseguro durante años debido a la acción de pandilleros.

Los uniformados se encargarán "de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí", dijo Bukele, según consignó la agencia AFP.

"Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados", manifestó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó en la mañana que "ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales".

La guerra contra las "maras", que Bukele lanzó el 27 de marzo, llevó a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro.

Después de una escalada de 87 asesinatos en dos días, el presidente instauró en marzo el régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, y que ha sido cuestionado por diversas organizaciones de derechos humanos.

El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó "preocupación" por las prórrogas a este régimen y por la "persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias" sin cumplir "garantías judiciales", por lo que llamó al Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones de derechos humanos.

En reacción, Bukele cuestionó duramente a la CIDH: "Si la @CIDH fuera un verdadero organismo de Derechos Humanos estaría feliz de que en El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante: el derecho a la vida. Seguimos guerra contra pandillas".

En un video en Twitter, el mandatario salvadoreño se preguntó "qué hizo la CIDH en los últimos 30 años cuando las pandillas estaban masacrando a nuestro pueblo".

"Nosotros vamos a hacer lo mejor para los salvadoreños diga lo que diga la CIDH", aseguró.

Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) publicada en octubre mostró que el 75,9% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción, y nueve de cada 10 salvadoreños aseguran que la delincuencia "ha disminuido" con la política de Bukele.

Antes de marzo y previo a que iniciara el régimen de excepción, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros encarcelados. La mayoría de los detenidos son miembros de las pandillas MS-13 y su rival el Barrio 18 en sus facciones sureños y revolucionarios.

Nacidas en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, las maras, según dijo recientemente Bukele, todavía tienen armas y "se están financiando de la venta de droga". (Télam)