El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó hoy el despeje en todo el territorio del país de las rutas ocupadas por camioneros y manifestantes seguidores del presidente Jair Bolsonaro, descontentos con la victoria de Lula en las elecciones del 30 de octubre.

Moraes determinó que las medidas “sean tomadas de inmediato por la Policía Federal, la Policía Federal de Rodoviaria (carreteras) y la policía militar estatal” para su despeje inmediato, informó la prensa local.

La decisión se aplica a aquellas vías y lugares públicos que, “ilícitamente, sean interrumpidos en su tránsito o acceso, con el resguardo del orden y, principalmente, de la seguridad de los peatones, conductores, pasajeros y de los participantes de la circulación ilegal que puedan sobrevenir”. “posicionarse en lugares inapropiados de la vía pública o del entorno”.

Al actuar, la policía aún debe identificar a los manifestantes, empresas y personas que participan en los movimientos, por lo que se impone una multa de R$ 100 mil por hora, según lo previsto en una decisión del propio ministro el 31 de octubre.

La solicitud de notificación de empresas tiene como objetivo continuar con las investigaciones y sanciones a las empresas que han ofrecido apoyo logístico y económico a personas y vehículos que permanecen en lugares públicos.

Investigaciones realizadas por el Ministerio Público de São Paulo, Santa Catarina y Espírito Santo identificaron el papel de empresarios detrás del financiamiento de las manifestaciones.

Según los parlamentarios, los empresarios, cuyos nombres aún no han sido revelados para no entorpecer las investigaciones, estructuran los movimientos con carpas, baños químicos, alimentos, entre otros.

Las protestas comenzaron tras la derrota del presidente de ultraderecha en las urnas el 30 de octubre.

En el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en diferentes puntos del país, partidarios de Bolsonaro piden “intervención federal”.

Los camioneros también participan de los eventos que se realizan en todo Brasil.

La orden del ministro es que la policía identifique a los manifestantes, empresas y personas que participan en los movimientos para que se les imponga una multa de R$ 100.000 por hora, según lo previsto en la propia decisión del ministro el 31 de octubre.

La Justicia sospecha que empresas han ofrecido apoyo logístico y económico a personas y vehículos que permanecen en lugares públicos. La identificación será fundamental para continuar con las investigaciones y sanciones. (Télam)