El presidente chileno, Gabriel Boric, presentó una agenda de reparación y justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el denominado estallido social de octubre de 2019.

“Todos quienes somos parte de este Gobierno que tiene un mandato de transformación, y que estamos aquí porque también Chile despertó, no nos podemos olvidar de dónde venimos. Tenemos el deber con ustedes, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares, de no olvidarnos”, dijo el mandatario.

La agenda integral fue presentada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, en compañía de la subsecretaria de la cartera, Haydee Oberreuter, y senadora Fabiola Campillai, víctima de daños oculares tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, disparada por un Carabinero (policía de Chile) cuando se disponía a trabajar en la comuna capitalina de San Bernardo.

“Lograr avanzar en este sentido es también abrir espacios para transformaciones profundas, que como personas y como país, necesitamos para convivir”, dijo Oberreuter.

La iniciativa anunciada se enmarca en varios ejes, como “Verdad y justicia”, que consta de un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en derechos humanos.

Asimismo, detalla el eje de “Reparación”, que contempla mesas integrales de reparación en todo el país a partir del 1 de julio de este año, para darles un espacio de participación y diálogo a las víctimas de violaciones a derechos humanos, y a partir de allí establecer las medidas y calificaciones de reparación.

En última instancia, la agenda contempla “No repetición, memoria y educación” con la conformación de un Comité Interministerial, estrategias educativas y cursos informativos de derechos humanos, además de la creación de un proyecto de ley que busca proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Durante la revuelta social que comenzó el 18 de octubre de 2019 y que se extendió hasta inicios de 2020, se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos de parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según el informe presentado en marzo de este año por Amnistía Internacional para Latinoamérica, se registraron alrededor de 3.000 vulneraciones que fueron denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

Asimismo, Amnistía Internacional confirmó en su informe que durante el Gobierno de Sebastián Piñera persistió el “uso excesivo de la fuerza”. (Télam)