El Gobierno de Bolivia insistirá en su pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y algunos colaboradores desde Estados Unidos, para que enfrenten un juicio de responsabilidades por una matanza de 2003 que terminó con más de 67 muertos y 400 heridos.

Así lo informó el canciller boliviano, Rogelio Mayta, quien agregó que "más allá de que parezca muy, muy difícil ese escenario, por el resguardo que les ha dado el Gobierno de Estados Unidos a lo largo de estos casi 18 años que ellos están prácticamente impunes allá".

La matanza a la que alude el fallo, conocida como "Octubre negro", se produjo en el marco de convulsiones sociales tras el anuncio de medidas propuestas por el Gobierno de de Sánchez de Lozada, quien autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas en la ciudad de El Alto por civiles durante la serie de eventos denominada "Guerra del gas"

El exmandatario decidió exportar gas a través de puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas en Bolivia era mínima y y no existía una política clara para la gestión de los recursos, lo que desató una ola de protestas que culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada.

La declaración fue publicada hoy, un día siguiente de que se confirmara que un juez estadounidense ratificó una condena civil de 2018 que obliga a los exdignatarios bolivianos refugiados en Estados Unidos a indemnizar con diez millones de dólares a víctimas de una masacre ocurrida en 2003.

El fallo firmado por el juez James Cohn de Florida, desestimó una segunda apelación con la cual Sánchez de Lozada y su exministro de Gobierno Carlos Sánchez Berzaín pretendían que el proceso sea anulado.

El jefe de la diplomacia boliviana dijo que la decisión del magistrado, que ratificó la responsabilidad de Sánchez de Lozada y de su ministro de defensa durante el primer y segundo Gobierno Carlos Sánchez Berzaín, es "un paso importante en la búsqueda de justicia".

Mayta, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia TV, hizo un recuento del proceso judicial iniciado en 2007 contra las exautoridades que fugaron a Estados Unidos tras la matanza de 2003.

Consultado sobre el pedido de extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, Mayta dijo que en 2008 se envió un exhorto, ante el que Washington respondió exigiendo ajustes a la demanda. En 2013, se hicieron los ajustes, pero Estados Unidos "no aceptó ni rechazó" la solicitud de extradición, según informó la Agencia Boliviana de Información, ABI.

Según el canciller Mayta, esta falta de respuesta formal de Estados Unidos por varios años puede ser considerada como un rechazo al pedido de extradición, situación que no significa que se deba bajar las manos para conseguir el objetivo de traer a los acusados al país.

La decisión judicial, que los condenados aún podrían apelar, fue celebrada por el Gobierno de Luis Arce y por las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

El exgobernante neoliberal, más conocido como Goni, renunció tras la llamada "guerra del gas" y se refugió en Estados Unidos.

El canciller Mayta, quien representó a algunas de las víctimas en el proceso, dijo que "por un principio de dignidad nacional" el Gobierno boliviano insistirá en que Sánchez de Lozada sea extraditado, reactivando el trámite.

Añadió que el juicio de responsabilidades en Bolivia contra el Gobierno de Goni ha avanzado pese a la ausencia del principal acusado, resultando hasta ahora en la condena de dos exministros y cinco exjefes militares.

Por su parte, abogados de Sánchez de Lozada dijeron que planean apelar la decisión del juez estadounidense que confirmó la condena inicial de un jurado de Florida, de 2018, que ordenó el resarcimiento de daños civiles tras declarar probada la responsabilidad de los acusados en la masacre de 2003.

"El fallo del tribunal de primera instancia del 5 de abril de 2021 no es la decisión final en este caso. No estamos de acuerdo con el fallo y planeamos apelar", dijo el bufete Williams & Connolly en una declaración divulgada por los diarios de La Paz.

El abogado estadounidense de las víctimas, Thomas Becker, dijo a medios locales que la extradición de Sánchez de Lozada a Bolivia es posible pero muy difícil, porque es una decisión más política que judicial. (Télam)