El Ministerio de Gobierno de Bolivia enviará a la Fiscalía una lista de 495 casos de persecución política ejercida desde la Dirección de Migración cuando esta entidad estuvo a cargo de Marcel Rivas, actualmente detenido tras ser acusado de facilitar la salida irregular de dos exministros del Gobierno de facto de Jeranine Áñez.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, indicó que se identificó que sobre estas 495 personas pesaba una "alerta migratoria" irregular que vulneró varias libertades ciudadanas sobre la base de criterios políticos.

"En el marco de la querella penal contra el exdirector general de Migración, Marcel Rivas, se remitirá al Ministerio Público la información que se está acopiando de 495 alertas migratorias y corresponden a políticos, empresarios, periodistas y otras personas", dijo la autoridad.

De 1.061 alertas migratorias, emitidas durante régimen de facto de Áñez, el 42% no tenían sustento legal, vinculado con el mecanismo de arraigo que aplica la Justicia en el marco de investigaciones judiciales y sanciones penales.

A juicio de Rodas, este tipo de acción es ilegal, representa abuso de poder, uso de tráfico de influencias, porque nadie puede ser privado de su derecho a la libre circulación, a salir o entrar al país, sino está acusado de un delito, sino esta requerido por la justicia.

También dejó establecido que una autoridad administrativa como es el Director de Migración no puede emitir estas alertas migratorias, porque es un recurso que usa el Ministerio Público y la Justicia para impedir que una persona investigada, citada, procesada y que no fue encontrada, pueda salir del país.

El viceministro considera que se cometió delitos y la Fiscalía debe investigar, establecer el nivel de responsabilidad y saber de quienes venia la instrucción, seguramente de una instancia superior para que estas personas sean impedidas de salir.

El jueves pasado, Rivas fue detenido en relación a la fuga de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes están siendo investigados en una causa de corrupción y por cuyo paradero el Gobierno pidió ayuda a Interpol.

El fiscal de La Paz, Sergio Bustillos, anunció que Rivas está acusado de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias dado que hay indicios de que "tenía pleno conocimiento de la alerta migratoria que pesaba" sobre los exministros.

El director en Bolivia de Interpol, Pablo García, confirmó que la solicitud de búsqueda ya fue remitida a la sede central de Interpol en Lyon, Francia, que deberá responder en un plazo de entre siete y diez días, informa la agencia de noticias boliviana ABI.

Sobre Murillo y López pesan sendas órdenes de arresto por la presunta irregularidad en la compra en diciembre de 2019 de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el conocido como el 'caso gases lacrimógenos'.

La Fiscalía boliviana señaló que existen en ambos casos, "elementos de convicción suficientes" sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de obstrucción de las investigaciones.

Las investigaciones parten de una denuncia presentada en junio por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en el Gobierno y, según la Fiscalía, los perjuicios económicos de la compra de los gases lacrimógenos podrían alcanzar los 2 millones de dólares. (Télam)