Bolivia cuestiono una injerencia chilena por pedido a favor de la expresidenta Áñez

El Gobierno de Bolivia consideró hoy que existe injerencia de Chile en sus asuntos internos por el pronunciamiento de 26 senadores chilenos en favor de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, condenada a 10 años de cárcel por una de las causas derivadas del golpe de Estado de 2019.
"Nosotros no realizamos declaraciones ni interferencias sobre lo que es la vida y el rol que vienen cumpliendo los asambleístas chilenos, pero las injerencias simplemente no las consideramos porque no les corresponde a ellos tener que opinar sobre lo que ocurre en Bolivia", dijo el vocero presidencial, Jorge Richter.
Ayer, el senador chileno José Edwards, a través de un video, pidió públicamente al presidente de su país, Gabriel Boric, interceder ante el Gobierno boliviano para la liberación de Áñez y del gobernador del departamento de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho.
"Veintiséis de los 50 miembros del senado chileno enviamos un oficio pidiendo al presidente (de Chile) interceder para la liberación inmediata de los presos políticos en Bolivia, de la exsenadora y expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y de muchos otros bolivianos. La persecución criminal contra opositores relacionados con el Gobierno de transición debe terminarse en Bolivia", advirtió Edwards.
Áñez cumple una detención preventiva acusada del golpe de Estado de 2019 contra el Gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-19), pero ya recibió una sentencia, en primera instancia, de 10 años de cárcel.
Camacho, máximo opositor al Gobierno del presidente Luis Arce, también cumple una detención preventiva desde el 30 de diciembre de 2022, por las movilizaciones sociales que lideró en Santa Cruz, y que tuvieron como desenlace la renuncia de Morales.
"Es su criterio (la posición de los legisladores chilenos), pero nosotros no le damos valor ni por supuesto mayores referencias", dijo Ritcher ante el pedido de los senadores chilenos, según la agencia estatal de noticias ABI.
Durante la gestión de Áñez, la represión a movilizaciones callejeras generaron las masacres de Senkata y Sacaba, con al menos 36 muertes de manifestantes.
Los militares y policías que participaron de la represión estaban eximidos de eventuales responsabilidades penales por decreto de Áñez. (Télam)