La jueza Gloria Porras, cuyo trabajo anticorrupción es reconocido por Estados Unidos, fue impedida hoy de asumir su puesto en la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, en momentos en que la primera potencia mundial cuestiona la independencia judicial en el país centroamericano.

La CC, máxima instancia judicial de Guatemala, pidió al Congreso que no tome juramento a Porras, al acoger una solicitud de la organización de derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), liderada por Ricardo Méndez Ruiz, incluido en julio por Estados Unidos en un listado de personajes "corruptos".

Para esa organización, aún hay objeciones legales sobre la designación de Porras que deben ser resueltas. Según explicó el portavoz de la CC, Pedro Pop, tras aceptar el pedido de la FCT, la Corte tuvo que "ordenar al Congreso de la República que se abstenga de juramentar" a la jueza.

Ese grupo derechista, vinculado a militares retirados, es señalado por activistas de hostigar a jueces, fiscales y operadores de justicia independientes, refirieron medios locales y la agencia de noticias AFP.

La funcionaria fue reelecta para el periodo 2021-2026 y debe ocupar el cargo que le corresponde a la estatal Universidad de San Carlos (USAC) en la Corte.

La entidad educativa ya había levantado cualquier objeción para la designación de Porras en abril.

En aquel momento, el Congreso unicameral, controlado por oficialistas y aliados del cuestionado presidente Alejandro Giammattei, ya había rechazado tomarle juramento por objeciones legales.

Sin embargo, el Parlamento permitió dos meses después que Néstor Vásquez, un exjuez de la Corte Suprema de Justicia acusado de corrupción, asumiera su cargo en la Corte de Constitucionalidad, pese a demandas legales en trámite para revertir su nombramiento como representante del Colegio de Abogados.

Porras, quien se encuentra en Estados Unidos, recibió el respaldo del gobierno de Joe Biden, que considera que su exclusión constituye un debilitamiento a la independencia judicial en Guatemala.

Porras es reconocida por haber revertido controversiales medidas, principalmente durante la presidencia de Jimmy Morales (2016-2020), que grupos civiles consideraban un retroceso en el combate a la corrupción y que derivaron en protestas callejeras. (Télam)