El Congreso de los Diputados de España dio hoy media sanción a un proyecto de ley que dispone que el Estado se haga cargo de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura que encabezó Francisco Franco, promueve el armado de un banco de datos genéticos y un informe sobre las fosas comunes de todo el país, una iniciativa que aún debe ir al Senado y que fue cuestionada por las bancadas de derecha.

La denominada "Ley de Memoria Democrática" es la segunda iniciativa importante del gobierno de Pedro Sánchez en la materia, después de la exhumación del cuerpo de Franco de su monumental mausoleo cerca de Madrid.

Tras la aprobación de la ley en primera lectura por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, el texto debe ir ahora al Senado, donde la discusión será recién después del receso de verano.

La iniciativa es “una ley para el reencuentro, una ley que nos hace mejores como país, que pasa página definitivamente de la época más negra de la historia", consideró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El punto central del proyecto es que por primera vez el Estado asumirá la tarea de buscar e identificar a las víctimas desaparecidas de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975), lo que implica mudar la financiación de esa tarea, hasta acá a cargo de asociaciones y hasta de las familias de las propias víctimas.

"El Estado tiene que exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura franquista. Hay todavía 114.000 desaparecidos forzosos", es decir, personas cuyo destino fue deliberadamente ocultado, dijo Sánchez el martes en el Congreso de los Diputados, y advirtió que España es, después de Camboya, “el país del mundo con más desaparecidos".

La gran mayoría de los desaparecidos durante la guerra fueron republicanos, y el régimen franquista enterró a muchas de esas víctimas en fosas comunes.

La ley considera víctima a quienes hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

El proyecto de ley del gobierno también pretende la creación de un banco de ADN de las víctimas para facilitar su identificación, el armado de un mapa de todas las fosas comunes del país y la anulación de las sentencias dictadas por la justicia franquista contra los republicanos y la comunidad homosexual.

Además, se creará una fiscalía dedicada a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura.

Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier tipo de investigación y, mucho menos, castigos, en nombre de la transición a la democracia.

El principal partido opositor, el Partido Popular (PP), que suele acusar al socialismo de intentar reabrir las heridas del pasado, prometió derogar la ley si vuelve al poder en las elecciones de finales de 2023, reportó la agencia AFP.

El último presidente del gobierno del PP, Mariano Rajoy (2011-2018), hasta presumió de no haber gastado dinero público en la aplicación de una primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo otro gobierno socialista, destinada a reconocer a las víctimas del franquismo.

Aquella iniciativa de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos de la dictadura de lugares públicos, pero no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado.

En una sesión parlamentaria tensa, la bancada de Vox, de ultraderecha, acusó a los promotores de la ley de volver a "intentar dividir a los españoles", mientras los liberales de Ciudadanos denunciaron el uso político que hace la izquierda de una ley de "memoria selectiva". Los bloques de Podemos, Bildu y ERC dejaron el recinto cuando intervino Vox, reseñó el sitio de El Confidencial.

Y la férrea oposición del PP a la ley se vio agravada por las concesiones de Sánchez a los separatistas vascos de Bildu a cambio de sus votos.

Alegando la ausencia de purgas en el aparato policial durante los primeros años de la democracia, esta formación, heredera de algunos restos de lo que fue ETA, consiguió un informe de una comisión sobre posibles violaciones de los derechos humanos desde 1978, año de la aprobación de la Constitución, hasta finales de 1983.

En particular, 1983 fue el año en que se crearon los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), una organización parapolicial responsable de 28 asesinatos de activistas vascos hasta 1987. (Télam)