Antiguo jefe de FARC reconoce responsabilidad en mas de 20.000 secuestros en Colombia

El último líder de las extintas FARC, alias Timochenko, reconoció hoy su responsabilidad en más de 20.000 secuestros realizados por esa guerrilla en Colombia, en una audiencia ante las víctimas y el tribunal que juzga los crímenes del conflicto colombiano.
Sentado frente a varios exsecuestrados y sus familiares en un auditorio de Bogotá, Rodrigo Londoño aceptó su responsabilidad por esos actos, acompañado por otros seis altos mandos de las FARC imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del acuerdo que puso fin a esa guerrilla.
En nombre de los 13.000 combatientes que firmaron la paz en 2016, el exrebelde reconoció la "responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos" por esa organización, consignó la agencia AFP.
Fueron "fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", dijo el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al momento de su desarme.
Timochenko aceptó que el grupo usó a los secuestrados para financiar el funcionamiento de la guerra.
Sobre otros crímenes, Londoño insistió en que la violencia sexual y los homicidios no formaron parte de las políticas del grupo armado y se dieron por decisiones personales.
"En especial, quiero destacar el de la desaparición, los casos que se dieron de violencia sexual y homicidio que, aunque no fueron políticas ni patrones, sí se presentaron", insistió, según la agencia Sputnik.
Los exjefes guerrilleros Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape, Milton Toncel, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra también intervienen en las audiencias, que se extenderán hasta el jueves.
La JEP los imputó por más de 21.000 secuestros y otros crímenes como tortura cometidos entre 1990 y 2016.
Políticos y militares que fueron raptados para forzar intercambios por rebeldes presos escucharon la confesión y presentaron reparos por lo que consideran una "deuda de aporte a la verdad" por parte de los victimarios.
Óscar Tulio Lizcano, secuestrado en 2000 cuando era un congresista conservador, le exigió a sus "carceleros" esclarecer el paradero de los secuestrados desaparecidos.
"Que nos digan la verdad. Hemos perdonado, pero eso no quiere decir que no haya justicia, queremos la verdad", reclamó el exparlamentario de 75 años, que se fugó de su captores en 2008.
"Estos crímenes fueron producto de una política adoptada por el secretariado (cúpula) de las FARC-EP" y "cometidos de manera directa por su subordinados", expresó la magistrada Julieta Lemaitre, quien presidió la sesión.
Según el acuerdo de paz, los exguerrilleros deben reparar a los afectados y decir la verdad para evitar la cárcel.
El tribunal se tomará al menos tres meses para imponer sanciones a los imputados. Si consideran que sus confesiones son insuficientes, podrían condenarlos a penas de hasta 20 años de prisión.
En mayo, una veintena de militares en retiro, incluido un general, reconocieron ante la JEP su participación en el asesinato de más de 100 civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate en la frontera con Venezuela.
El tribunal calcula que fueron al menos 6.400 víctimas de esa práctica, conocida como los "falsos positivos", que junto al secuestro martirizaron a Colombia en el conflicto de más de seis décadas.
Las audiencias de la JEP se dan dos días después de que Gustavo Petro se impusiera en el balotaje de Colombia, lo que lo convertirá en el primer presidente de izquierda en el país. El candidato del Pacto Histórico formó parte en su juventud de la guerrilla del M-19, una de las primeras organizaciones que firmó la paz y se pasó la vida civil, en 1990. (Télam)