ANSA/ Colombia: U pide detener matanza de lideres sociales

Por Oscar Escamilla BOGOTA, 14 ENE - La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó este martes del gobierno colombiano más acciones para frenar el asesinato de líderes sociales.
Según esa dependencia de la U, en 2019 fueron acribillados 107 activistas y se estudian otros 13 casos más; en 2018 la cifra de líderes asesinados fue de 115; mientras que este año esa oficina reconoce 10 crímenes más.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un oenegé dedicada a temas de violencia y conflicto interno, sostuvo que en el despertar de este 2020 son 17 los asesinatos de estos defensores comunales de derechos humanos.
El crimen mas reciente ocurrió la noche del lunes cuando sicarios asesinaron a Jorge Luis Betancourt Ortega, de 42 años, líder social en temas deportivos del departamento de Córdoba, norte del país.
"Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones", pidió la Oficina de U.
Reclamó además que se detenga el "ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad" y pidió derecho a la "justicia, la verdad y la reparación", tanto para las víctimas como para sus familias.
Aunque la Oficina de la Alta Comisionada no estableció las razones de estos crímenes, sí explicó que el 98% de estos asesinatos se produjo en "municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados".
Añadió que los victimarios se han ensañado particularmente contra los indígenas y los afrodescendientes, además de revelar que en 2019 los asesinatos de lideresas aumentó en cerca del 50% en comparación con 2018.
La hipótesis tanto del gobierno como de investigadores locales de la violencia es que detrás de esos crímenes están el grupo guerrillero ELN, los paramilitares y mafiosos que buscan acallar a aquellos que critican o se oponen a sus practicas criminales, sus negocios ilícitos o reclaman las tierras robadas en el pasado.
Camilo González, director de Indepaz, dijo este martes que se trata de "resistencias a la transición, al posconflicto, a la paz".
"Son inercias de la guerra que está en los territorios y por otro lado insuficiencia en las políticas que van a velocidad de tortuga.
Las mafias llegan más rápido que el Estado", criticó el investigador.
En diciembre pasado el presidente, Iván Duque, presentó la política pública de su gobierno en materia de protección de los líderes sociales que se fundamenta en datos, información y seguridad focalizada, pero que en la práctica y por la cantidad de asesinatos que van en este año no ha despegado.
En su mensaje de hoy, la Oficina de la U enfatizó en que "cualquier ataque" contra los defensores de derechos humanos "es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia", al reducir la "participación y el acceso" ciudadanos a sus derechos humanos.
(ANSA).