Amnistia Internacional denuncia racismo estructural y mortal represion de protestas en Peru

Amnistía Internacional (AI) dijo hoy que fuerzas de seguridad de Perú hicieron uso excesivo de la fuerza en la represión de protestas tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo y al parecer cometieron ejecuciones extrajudiciales.
En una exhortación a la presidenta Dina Boluarte al presentar un informe en Lima sobre sus investigaciones de la represión en Perú, la organización internacional de derechos humanos dijo que el Estado peruano está impregnado de "racismo estructural".
Amnistía Internacional dijo que la Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad.
Al menos 49 personas murieron en las protestas como resultado directo de acciones violentas. Las manifestaciones en apoyo a Castillo, un líder de izquierda, arreciaron de diciembre a febrero sobre todo en zonas indígenas y desfavorecidas del sur de Perú.
“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana", dijo Amnistía Internacional en su informe, presentado por su secretaria general, Agnes Callamard, y publicado en su página web.
El informe se titula Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en las sureñas Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.
Estos casos incluyen 25 muertes, 20 de las cuales pueden constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales, dijo AI.
"A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes", dijo Callamard en el documento.
"Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, agregó.
“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada", señaló.
"Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”, reclamó.
Pese a las graves violaciones de derechos humanos cometidas, el Ministerio Público de Perú no ha llevado a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas, dijo AI.
La organización dijo que Fiscalía aún no confiscó las armas que las fuerzas de seguridad utilizaron durante las operaciones, y tampoco interrogó a ninguno de los posibles agentes implicados, pese a que disponían de sus nombres.
La falta de recursos, peritos y fiscales asignados a estos casos, unida a una serie de medidas institucionales tomadas por la fiscal general (incluidas varias reorganizaciones de personal), han socavado la investigación y la recopilación de pruebas clave, afirmó.
"Dado el riesgo de impunidad por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, Amnistía Internacional pide a la Fiscalía que garantice que se llevan a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales", dijo.
La Fiscalía debería pedir asistencia técnica para las investigaciones penales a mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos, y que garantice el acceso de las víctimas a la justicia, agregó.
AI pidió a presidenta Boluarte, que era la vicepresidenta de Castillo y lo reemplazó, que condene y ponga fin al uso, por parte de las fuerzas de seguridad, de fuerza letal y de munición prohibida, como por ejemplo perdigones, en la respuesta a las protestas. "Además, el gobierno peruano debe llevar a cabo una evaluación urgente del racismo estructural que impregna las acciones de las instituciones estatales", dijo AI en su informe.
Castillo, un maestro rural asumido en julio de 2021, fue destituido el 7 de diciembre luego de intentar disolver el Congreso peruano para que éste no le hiciera juicio político.
El expresidente está con prisión preventiva acusado de rebelión y corrupción. (Télam)