Amnistía Internacional (AI) exigió hoy que el periodista español Pablo González, quien cumple dos meses encarcelado en Polonia acusado de espiar para Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, tenga un juicio "justo y con las debidas garantías".

"Exigimos que se respete el derecho de Pablo González a un proceso justo y con las debidas garantías, permitiéndole el acceso a un abogado de su libre elección y a comunicarse con su familia", publicó AI en Twitter, a dos meses de su encarcelación.

En paralelo, su abogado, el español Gonzalo Boye, denunció que aún no ha podido establecer contacto con el periodista.

González, quien también cumple hoy 40 años, fue detenido el 27 de febrero último en la ciudad sureña de Przemysl -cerca de la frontera polaco-ucraniana-, cuando hacía una cobertura periodística sobre la llegada de refugiados ucranianos a Polonia.

Los servicios de seguridad polacos, que alegan que González portaba supuestamente dos pasaportes y dos tarjetas bancarias rusas con nombres diferentes, lo acusan de espiar para la inteligencia militar rusa.

Desde el día de su detención, ha permanecido incomunicado y en prisión, acusado de ser "un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de la Federación Rusa (GRU)", detalló en febrero pasado el vocero del Gobierno polaco, Stanislaw Zaryn.

“El detenido estaba obteniendo información que, si bien fue utilizada por los servicios especiales rusos, podría haber tenido un impacto negativo directo en la seguridad externa e interna de Polonia, así como en la defensa polaca. Antes de su detención, tenía previsto viajar a Ucrania para continuar con su actividad”, agregó el comunicado.

El entorno sospecha que, entre las presuntas pruebas que esgrimen contra el reportero, se encuentran sus pasaportes ruso y español, con supuestas identidades distintas de González, nacido en Moscú y nieto de uno de los niños evacuados a Rusia durante la Guerra Civil española, explicó Boye a finales de marzo, según el diario español El País.

Días atrás, González fue trasladado a una cárcel de Radom, a 100 kilómetros de la capital polaca, Varsovia, para facilitar su acceso a la asistencia consular, según el portal Noticias de Navarra.

De acuerdo con los allegados de González, el Estado polaco le había asignado una abogada local de oficio, que renunció a la defensa, y actualmente es representado por Boye, que insiste en que no puede establecer contacto, pese a ser asistido por un abogado polaco de su elección.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó a principios de este mes, durante una sesión parlamentaria, que tanto la Embajada como desde el Ministerio de Exteriores transmitieron "a las autoridades polacas la necesidad de garantizar" su asistencia consular.

También precisó que González ya había recibido los derechos de visita consular y que se le había asignado una abogada de oficio, pero que el periodista "legítimamente prefirió tener dos abogados de su elección, uno polaco y uno español".

No obstante, la legisladora española de EH Bildu, Mertxe Aispurua, cruzó a Sánchez y denunció que "el apoyo consular" no era "suficiente".

"Hasta el momento no ha podido ni contactar con su familia ni con su abogado de confianza, ni siquiera se le ha entregado la correspondencia de la familia. Está incomunicado de facto, encontrándose en una situación de indefensión absoluta", alegó durante la sesión.

En marzo pasado, durante una visita a Varsovia, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, declaró que había tratado el caso con su homólogo polaco, al que solicitó que el periodista español pudiera seguir teniendo la debida asistencia consular y un letrado.

El ministro aseguró entonces que González estaba "recibiendo asistencia consular como cualquier otro detenido español" y había "sido visitado por el cónsul español".

Un mes antes, un comunicado de las autoridades de la sureña región de Podcarpacia, donde se ubica Przemysl, dijeron que a petición del fiscal y "debido a la necesidad de garantizar el buen desarrollo del proceso, el temor a la fuga y el fraude", el tribunal decidió mantener durante tres meses el arresto en prisión de Pablo González.

Se prevé que el 29 de mayo próximo González tenga su primera audiencia.

En Polonia el delito de "espionaje" tiene una condena de entre uno y 10 años. (Télam)