Allanan la casa del alcalde de Quito por sospecha de compra irregular de test de Covid

La Fiscalia de Ecuador allano hoy la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de donde se llevo una computadora portatil y varios telefonos celulares, en el marco de una causa en la que investiga posibles irregularidades en la compra de pruebas PCR

Mundo 11 de marzo de 2021 Agencia Télam
La Fiscalía de Ecuador allanó hoy la casa del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de donde se llevó una computadora portátil y varios teléfonos celulares, en el marco de una causa en la que investiga posibles irregularidades en la compra de pruebas PCR para detectar coronavirus.
El abogado de Yunda y el mismo alcalde confirmaron el allanamiento y hasta detallaron que los policías se llevaron una computadora que, en verdad, es de la hija del funcionario.
Yunda está siendo investigado desde hace meses por estos hechos que suponen el abuso de fondos públicos en la compra de 200.000 pruebas de PCR y el alcalde, aunque en funciones, tiene un brazalete electrónico por decisión judicial.
El allanamiento fue autorizado por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, y luego, en la inauguración de una cancha, Yunda dijo que el trámite fue “con orden y respeto” y que los investigadores “tocaron el timbre” de su casa y no intentaron ingresar por la fuerza
“Siempre voy a colaborar con la justicia. Espero que me den la oportunidad de defenderme, presentar todas las pruebas y desvirtuar las acusaciones en mi contra”, remarcó el alcalde, según el sitio digital Primicias.
La causa contra Yunda y otros funcionarios de Quito se suma a otras relacionadas con la gestión de la pandemia, que ya derivaron en la salida el cargo del exministro Salud Juan Carlos Zevallos.
El jefe de Gobierno de la capital ecuatoriana tiene prohibido salir del país y debe presentarse cuatro días a la semana a una autoridad judicial.
Además de Yunda, tres personas más, que trabajan en la Secretaría de Salud de Quito, deben utilizar algún dispositivo de control.
Hay otros tres acusados con prisión preventiva y en el caso están procesadas penalmente 14 personas más.
Según la Fiscalía, la compra irregular de pruebas PCR habría causado un perjuicio al distrito por más de cuatro millones de dólares. (Télam)
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