La Fiscalía de Ecuador presentó cargos contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunta malversación de fondos en un caso de compra de pruebas PCR para detectar el coronavirus.

Junto a él fueron acusadas otras 13 personas, que también habrían participado en el delito, según indicaron los fiscales.

"Caso Pruebas PCR Quito: el dictamen de Fiscalía Ecuador contra los 14 procesados se basa en alrededor de 400 cuerpos y más de 80 elementos de convicción", señaló anoche la Fiscalía en un comunicado.

En una audiencia preparatoria celebrada en Quito, el fiscal provincial Alberto Santillán aseveró que Yunda sería el "autor mediato del delito de peculado", informó la agencia de noticias DPA.

Según la fiscalía, el Municipio de Quito firmó un contrato con la empresa Salumed S.A. por 4,2 millones de dólares para adquirir 100.000 pruebas para detectar “Covid-19-Polimerasa”, o sea el test de detección de coronavirus conocido como PCR.

Sin embargo, la empresa contratada no entregó pruebas PCR-Polimerasa sino pruebas Isopollo COVID-19 con tecnología RT Lamp, que tiene menor sensibilidad y especificidad para detectar el virus.

La empresa no cumplió con el objetivo del contrato y Yunda y los demás procesados, pese a esto, recibieron el producto y lo usaron durante la pandemia.

Antes, el alcalde había preparado las "condiciones esenciales" para que el secretario de Salud de Quito de entonces, Lenín Mantilla, eliminar los techos máximos de contratación establecidos con anterioridad para las entidades públicas, cuya cuantía era de 2,9 millones de dólares.

La Fiscalía acusó también a la actual secretaria de Salud de Quito, Ximena Abarca, y la coordinadora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, de saber que las pruebas entregadas "no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato".

Según la Fiscalía, el alcalde habría dispuesto que la marca de las pruebas sea validada buscando "distintos laboratorios públicos y privados con lo cual se habría querido convencer de que eran idóneas para usarlas durante la pandemia".

Para el abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, la Fiscalía no introdujo "ningún elemento nuevo respecto a lo que planteó en la audiencia de vinculación celebrada el pasado 16 de febrero".

El pasado 19 de abril, Yunda, debió acudió al Servicio de Rehabilitación Social (Snai) para colocarse una tobillera electrónica, tal como ordenó la Justicia como medida cautelar en el marco de la investigación.

El jefe de Gobierno de la capital ecuatoriana tiene prohibido salir del país y debe presentarse cuatro días a la semana a una autoridad judicial, según solicitó el juez Vladimir Jhaya, que lleva el caso.

Yunda sostiene que durante la investigación demostrará que nunca participó en ese proceso, que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio.

Asimismo, aseguró que él es responsable de que Quito no haya atravesado una catástrofe por la pandemia: “Si no me ponía yo la salud de Quito al hombro, aquí habían 50.000 muertos y eso lo dicen las estadísticas y eso pasó lamentablemente en la hermana ciudad de Guayaquil”. (Télam)