La misión de la OEA que llega mañana para analizar la crisis política en Perú se encontrará una situación compleja, en la que el Congreso busca deshacerse del presidente Pedro Castillo, mientras que éste, a su vez, parece lanzar unos primeros intentos para deshacerse de ese Parlamento que le ha hecho la vida imposible.

Los intentos de los parlamentarios opositores por sacar a Castillo comenzaron incluso antes de la toma de posesión en julio de 2021, cuando lo acusaron de un fraude electoral para el que no presentaron pruebas y que, en concepto de las misiones de observadores nacionales e internacionales, lucía inverosímil.

Una primera moción concreta de vacancia (destitución), en diciembre, fracasó al no reunir los votos suficientes para ser debatida en el pleno, pero casi de inmediato se inició un segundo proceso.

Ese segundo intento sí llegó al pleno, pero solo 55 congresistas votaron por la vacancia, cuando se necesitaba que lo hicieran al menos 87 de los 130.

Actualmente está lista una tercera moción, pero no se presentó ante la evidencia, reconocida por sus impulsores, de que también fracasaría. Como en las dos previas, el argumento de los ponentes es que la corrupción hace de Castillo un mandatario con "incapacidad moral permanente".

Las dificultades de los impulsores de la vacancia, básicamente tres partidos de derecha -Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País-, chocan con la aritmética: 42 congresistas de izquierda rechazan ese camino y por lo menos seis más tampoco lo apoyan.

Así, todo indica que, en el escenario más favorable para los partidarios de la salida de Castillo, los votos no pasarían de 82. Las bancadas de izquierda están fragmentadas y lo que era el oficialismo está hoy disperso en cuatro bandos, pero en el tema de la no destitución hay unanimidad.

Por eso, la posibilidad de que Castillo sea acusado constitucionalmente, ya sea por la supuesta traición a la patria o por la denuncia de la Fiscalía, abre mejores posibilidades para sus enemigos, pues en ese caso se le podría suspender con 66 votos.

En ese cuadro habría además para los opositores una ventaja adicional: al estar el presidente suspendido, y no destituido, no se podría convocar a nuevas elecciones, pues en teoría podría regresar. Así, los parlamentarios tendrían asegurados sus asientos hasta 2026.

Durante la ausencia, la jefatura de Estado en interinato iría a la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero el Congreso también tiene un proceso en su contra, por presidir un club privado siendo ministra, con lo que asumiría el titular del Congreso, que en el momento es José Williams, de Avanza País.

Sin embargo, el entrampamiento está en que la denuncia de la Fiscalía no incluye ninguno de los cuatro delitos por los que se puede procesar a un presidente en funciones.

La traición a la patria sí está, pero, según juristas, el delito se refiere a un hecho concreto, por lo que se atribuye a Castillo, una opinión en una entrevista de televisión, no configuraría.

Los aparentes intentos actuales de Castillo de buscar la caída del Congreso antes de 2026 vía cuestiones de confianza están aún más lejos, pues se requieren dos negativas y no va ninguna.

Para analistas consultados por Télam, como Ramiro Escobar o Roger Santa Cruz, un problema adicional para todas esas maniobras es la alta impopularidad tanto del Presidente como del Congreso.

El primero, según las encuestas, no pasa de 30% de aprobación popular, pero, aún así, supera ampliamente a los parlamentarios, lo que podría explicar que las movilizaciones a favor o en contra de los bandos tengan tan baja acogida.

En estos días apareció en escena una tercera opción, la de una coalición cívica formada por más de 200 asociaciones civiles de variopinta procedencia que plantea que, mediante la recolección de firmas, se obligue a nuevas elecciones generales.

No obstante, los analistas estiman que no hay certeza de que prospere la idea de forzar una salida a la crisis mediante el “que se vayan todos”, al margen de que los sondeos presentan esa alternativa como la más popular. (Télam)