(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima).- Al menos 14 defensores del medio ambiente han sido asesinados desde 2020 en Perú por organizaciones mafiosas que explotan ilegalmente la Amazonía, según datos de la organización Amnistía Internacional (AI) que podrían quedarse cortos frente a la realidad.

“¿Cuántos son? No se sabe”, reconoció la directora de AI en Perú, la española Marina Navarro, al admitir que el número real de asesinados puede incluir episodios no documentados, en medio de la ofensiva de las mafias contra quienes se les oponen.

“Es duro ver caminando tranquilos por las calles a los asesinos de tu hijo, con total impunidad”, le dijo a Télam el activista Demetrio Pacheco, vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata -departamento de Madre de Dios-, cuyo hijo Roberto fue ultimado en 2020.

Los presuntos asesinos, vinculados a la minería ilegal, están plenamente identificados, según el padre, e incluyen a un expolicía. Sin embargo, el juicio tarda y en el entretanto los acusados se mueven libremente porque solo tienen mandato de comparecencia a pesar de la consistencia de las pruebas.

Pocos días antes del crimen, los delincuentes dejaron en la casa de los Pacheco una bala como advertencia de los que se venía. Pero padre e hijo hicieron caso omiso y continuaron con la tarea de denunciar a quienes por buscar oro destruyen grandes extensiones de bosques que ya no se recuperarán.

Al final, Roberto fue emboscado y baleado al entrar a la reserva.

Perú es el mayor productor de oro de América Latina y Madre de Dios es uno de los departamentos más ricos en ese mineral, cuya explotación es definida por Pacheco como “pan para hoy, hambre para mañana”.

Se calcula que al menos 22% del oro que exporta Perú es producto de explotación ilegal. Las mafias, sin regla alguna y coludidas muchas veces con autoridades regionales, no tienen reparo en destruir bosques y ríos para hallar pepas. Y han demostrado estar dispuestos a todo para castigar a quienes se les oponen.

Pacheco y el presidente de su Comité de Gestión, Víctor Zambrano, llegaron a Lima esta semana, por iniciativa de AI, para exponer ante diferentes instituciones los riesgos que se ciernen sobre la Amazonía y sobre quienes, como ellos dos, la defienden.

“Ningún gobierno se ha dedicado a atender el problema. Las amenazas son de cada día”, dijo Zambrano en la reunión a la que tuvo acceso Télam y en la que participaron, entre otros, representantes de los ministerios de Justicia y Ambiente, del Congreso, de la Defensoría del Pueblo, de la Unión Europea y de las embajadas del Reino Unido y de Francia.

“Tienes que luchar contra un sistema que está decadente en todo el sentido de la palabra. Tenemos amigos, tenemos aliados, pero nada nos garantiza que las cosas no se vayan a agravar más”, agregó el dirigente.

Más de la mitad del territorio de Perú está cubierto por bosques. Un paraíso de biodiversidad que, sin embargo, es también, ante la ausencia del Estado, una invitación abierta a prácticas ilegales. No solo minería, sino también narcotráfico, tala de árboles, comercio de animales silvestres y delitos derivados como la trata de personas y el sicariato.

Madre de Dios, departamento totalmente selvático en la frontera con Brasil que en solo 2020 perdió por deforestación 23.000 hectáreas de bosques, es el tercero en tamaño entre los 25 que tiene Perú, aunque es también el menos poblado. El olvido ha permitido que la delincuencia campee y use la violencia contra quienes defienden su territorio.

“Nada nos garantiza que no se llegue a esa situación”, afirmó Pacheco cuando Télam le preguntó si teme que la violencia puede ser antesala de lo que se vive en la vecina Colombia, donde los asesinatos de líderes ambientes y sociales se cuentan por centenas.

Pacheco alertó de que además de los mineros y los taladores ilegales en Madre de Dios, con 85.300 kilómetros cuadrados y 140.000 habitantes -muchos de ellos indígenas- es cada vez más notoria la presencia de gente del narcotráfico, muchas veces procedente de la explosiva región de Vraem, en la selva alta, epicentro de esa actividad en Perú.

Además de su presencia amedrentadora por la violencia, esas organizaciones se suman a la deforestación de enormes cantidades de bosques y a la contaminación de los ríos, una gran fuente histórica de sustento alimentario para los madrediosenses.

Y el asunto va incluso más allá: el documental Valientes, de AI, demostró cómo el fenómeno también acaba con la riqueza cultural de los pobladores del departamento, que pertenecen a etnias como Shipibo Conibo, Harakbut, Machiguenga y Ese Eja, que ya ni siquiera conservan sus respectivas lenguas.

Pero el tema no es exclusivo de Madre de Dios. De hecho, los asesinatos también han ocurrido en departamentos como Amazonas, Huánuco y Ucayali, todos en la selva. Y las amenazas se han registrado también en otras zonas.

Para Zambrano y Pacheco, todo se complica aún más por la presencia de ministros y funcionarios “fusibles”, que duran poco tiempo en sus cargos por el caos político: “El que viene no sabe nada y el puesto les queda grande”, dijo el segundo.

En el Poder Judicial, entretanto, la corrupción permite que muchas veces avancen más rápido los procesos impulsados por delincuentes contra los líderes sociales, estigmatizados como “obstruccionistas” del progreso económico. Muchas veces, dinero aportado como ayuda internacional para la causa termina en abogados defensores.

Más allá de las amenazas y de las acciones concretas de violencia, los líderes ambientales afirman que no cesarán en su lucha y que no cambiarán esa determinación a pesar de que saben que la muerte los acecha. Lo que sí solicitan es ayuda concreta del Estado y de la comunidad internacional.

“El miedo se acabó. La vida que tenemos ya tiene un derrotero”, afirmó Zambrano, Premio National Geographic de Conservación 2016. “Parece que la naturaleza designa a quienes tenemos que dar la cara”, lo acompañó Pacheco. (Télam)