El Ministerio del Interior de Colombia activó una mesa de garantías para manifestaciones, un instrumento que tendrá entre sus facultades la de proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de la policía y la ciudadanía, con el objetivo de garantizar la protesta pacífica en el país que vive un intensa ola de manifestaciones desde el 28 de abril.

La denominada "Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas", se activó mediante el Decreto 3/2021 y establece principios como la proporcionalidad y uso legítimo de la fuerza, y la diferenciación, que separa a quien se manifiesta de manera pacífica, de quien ejerce la violencia, informó Radio Caracol.

La mesa permitirá presentar en pocos días propuestas concretas, sobre la base de acuerdos tales como que la protesta y las manifestaciones son un derecho constitucional que debe ser protegido y garantizado, así como un rechazo a los actos de violencia y vandalismo.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, principal vocero gubernamental ante el Comité Nacional de Paro (CNP) que lidera las marchas, había informado sobre esta mesa de evaluación durante el segundo día de diálogo entre las partes.

Por instrucciones del presidente Iván Duque, en la instancia están representados los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, tres delegados de las "organizaciones o plataformas de derechos humanos" y tres representantes "de los organizadores o movimientos sociales relevantes que convocan la manifestación pública y pacífica", según informó ayer Ceballos.

La activación de esta herramienta y la representación en ella de movimientos sociales era uno de las exigencias del CNP.

La puesta en marcha de la mesa se produce un día después de que el Tribunal Superior de Bogotá resolviera que la Policía, el Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá están vulnerando el derecho a la protesta.

El Tribunal Superior hizo lugar a una acción de tutela presentada por dos ciudadanas que evaluaron que las autoridades no protegieron el derecho a la protesta social, en el marco del paro nacional que incluyó manifestaciones masivas prácticamente cada día desde entonces.

Esta ola de manifestaciones iniciadas el 28 de abril, en principio por una reforma impositiva que fue luego retirada por el Gobierno, y luego contra la militarización de las calles y la feroz represión contra los manifestantes, dejó más de 50 muertos y centenares de heridos.

Ayer, el CNP ratificó la continuidad de la protesta, llamó a nuevas movilizaciones para el miércoles y viernes de la próxima semana y respaldó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en medio de más denuncias de represión, excesos y abusos sexuales por parte de la policía al finalizar las concentraciones de ayer.

Las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Pasto y el pequeño municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia, fueron escenario ayer de otros ataques represivos por parte de las fuerzas de seguridad, en todos los casos cuando las masivas movilizaciones ya se habían terminado o no había razones para un accionar violento, según las denuncias. (Télam)