El abogado Sebastián Chávez Sifuentes, defensor del fallecido líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, presentó ante la Fiscalía de la Nación una denuncia por el presunto asesinato del jefe insurgente y reclamó que se le permita a la número dos de la organización y pareja del cabecilla, Elena Iparraguirre, hacer el reconocimiento del cuerpo.

Chávez Sifuentes dejó en claro que presentó la denuncia siguiendo “expresas instrucciones” de Iparraguirre, de quien también es defensor, sin más detalles acerca de por qué cree que la muerte de Guzmán se debió a un asesinato.

El líder guerrillero murió el sábado 11 de setiembre en la Base Naval del Callao, un día antes de que se cumplieran 29 años de su detención.

De inmediato se generó una polémica sobre a quién le correspondía hacerse cargo del cuerpo y sobre si debía ser enterrado o incinerado.

La presentación ante la Fiscalía de la Nación incluye un pedido para que Iparraguirre –que también cumple cadena perpetua- haga el reconocimiento del cadáver del cabecilla de Sendero y para que sus restos sean entregados a la exsenderista Yolanda Quiñonez Colchado, a quien designó Iparraguirre ante la Tercera Fiscalía Provincial del Callao.

Chávez Sifuentes pretende darle sepultura a los restos de Guzmán “conforme a sus creencias”, algo que Gobierno y oposición parecen querer evitar para que el lugar no se convierta en un sitio de culto.

Finalmente, el abogado reclamó a la fiscal Zoraida Ávalos que acuda hasta el penal de mujeres en Chorrillos para que Iparraguirre ratifique en persona la denuncia por el supuesto asesinato.

En la noche del jueves el Congreso sancionó una ley para que se incineren los restos de quienes mueren en prisión cumpliendo penas por terrorismo, y el presidente Pedro Castillo promulgó esa iniciativa al día siguiente, aún cuando la bancada del oficialista Perú Libre había votado en contra.

Para que se cumpla la medida aún falta que la Fiscalía emita la disposición sobre el destino final del cuerpo del terrorista, algo que hará, según anunció, “luego de culminar, en los próximos días, con las diligencias pendientes”.

Por lo pronto, el crematorio Piedrangel –uno de los más importantes-, ubicado en el distrito de Chorrillos, cerró la posibilidad de que los restos e Guzmán se incineren allí, como muestra de solidaridad a los miles de peruanos víctimas del terrorismo.

En un comunicado, la empresa señaló que si las autoridades requieren un crematorio se ha optado, “por decisión unánime, no aceptar la solicitud, debido a las personas inocentes que perdieron la vida”, según reportó el sitio del diario La República.

Mientras, la vicepresidenta Dina Boluarte consideró que la ley aprobada por el Congreso y promulgada por Castillo “aporta tranquilidad” a la ciudadanía y ratifica el compromiso del Gobierno con los derechos humanos.

“Con la celeridad y responsabilidad que obligó la circunstancia, el presidente Pedro Castillo promulgó esta ley que aporta tranquilidad y reafirma el compromiso con la vida, la paz y la democracia que tiene este Gobierno. Sigamos trabajando unidos, el Perú nos necesita a todos”, manifestó Boluarte en un tuit.

El tema también generó un nuevo cruce entre el oficialismo y la fujimorista Fuerza Popular, porque la excandidata Keiko Fujimori denunció una actitud “proterrorismo” de parte del Ejecutivo y el bloque anunció acciones legales en su contra.

“Rechazamos sin temor alguno las calumnias de la señora Keiko Fujimori, quien utiliza el dolor del pueblo para su venganza política y mediática. Tomaremos medidas legales”, aseguró un un comunicado del bloque, que además advirtió que “el balance trágico de la época nefasta del terrorismo quedó escrita con sangre en la historia del Perú”.

Y menciona especialmente el accionar de dos organizaciones izquierdistas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero también al Comando Rodrigo Franco y el Grupo Colina, estos dos últimos grupos paramilitares que operaron durante la presidencia de Alan García el primero y de Alberto Fujimori el segundo.

(Télam)