(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima) Un año después de las luchas callejeras que derribaron en noviembre de 2020 al Gobierno de seis días de Manuel Merino en Perú, ni las decenas de heridos en la represión policial ni las familias de los dos estudiantes que murieron han logrado la justicia que anhelan.

“Al final (los acusados) siempre van a guardar sus puestos, por eso no me fío. Sé que al final no lograremos mucho y emocionalmente me voy preparando”, les dijo a medios locales Gloria Alejandro, profesora de 27 años que quedó con problemas motores y que solo aspira a que se ayude con cirugías y rehabilitación a quienes están como ella.

La Fiscalía desarrolla dos procesos: uno contra 11 policías y otro como denuncia constitucional contra Merino; su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, en ambos casos por los homicidios de Inti Sotelo y Bryan Pintado y lesiones graves y leves contra cerca de 80 personas.

“Resaltamos la investigación de la fiscal (Jhousy) Aburto y su equipo. No es fácil y lo han hecho en pandemia, pero el resultado es rápido y bueno”, destacó sin embargo el abogado de la familia Pintado, Ronald Gamarra.

El caso de los policías se vio afectado por una investigación interna que no los halló responsables. No obstante, el ministro del Interior, Avelino Guillén, aclaró esta semana que ese primer informe fue archivado por una instancia superior y la investigación está abierta.

Respecto de la acusación constitucional, figura a la que tienen derecho Merino, Flores Aráoz y Rodríguez por sus cargos, el abogado de la familia Sotelo, Carlos Rivera, criticó que no haya avances en el Congreso, por donde debe pasar.

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“La acusación fue planteada hace más de un mes y el Congreso ni se inmutó. Ni siquiera apuró la formación de la Subcomisión de Acusaciones. Pareciera que no tuviera interés”, le dijo Rivera al portal Ojo Público.

El jurista consideró perjudicial que la presidenta del Congreso sea Maricarmen Alva, compañera de Merino en el partido Acción Popular, y que haya influencia de partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular, que tienen una “interpretación negacionista” de los hechos.

La semana que estremeció a Perú comenzó el 9 de noviembre de 2020, cuando el Congreso, en una acción que constitucionalistas califican de “golpe de Estado”, destituyó por “incapacidad moral” al presidente Martín Vizcarra y puso en su lugar a Merino, titular del Legislativo.

En la acción, corolario de una permanente ofensiva parlamentaria contra Vizcarra -a quien se atribuían viejos episodios de corrupción-, participaron fuerzas de derecha, centroderecha e izquierda que reunieron 105 votos (de 130) para la “vacancia”, 18 más de los necesarios.

Pero los parlamentarios, que confiaban en el rechazo popular al presidente, no contaron con que la desaprobación para ellos era mucho mayor y se transformó en una movilización que según el historiador José Ragas es incomparable.

“Fue la mayor movilización ciudadana de la historia republicana. Incluyó no solo la ocupación del espacio público a nivel nacional, sino también protestas desde las casas (por la cuarentena) y las redes sociales. Una aproximación señala que más de tres millones de personas se movilizaron en las calles, manifestándose pacíficamente y pese a la represión. Las marchas tuvieron además un apoyo de 73% de encuestados”, señaló Ragas.

Merino, de 59 años, político de segunda línea que llegó a la presidencia del Congreso por negociaciones de partidos, puso al frente del gabinete a Flores Aráoz, de 78 años, exministro de Defensa, congresista por varios períodos y conocido exponente del conservadurismo, quien había sido el candidato presidencial menos votado en 2016.

Flores Aráoz formó un equipo con personajes de derecha, entre ellos Rodríguez, general en retiro de la Policía. Las calles fueron implacables y el Gobierno respondió con formas rechazadas nacional e internacionalmente.

La explosión mayor se produjo el 14 de noviembre en las calles céntricas de Lima. La policía recurrió a las armas y unos 200 manifestantes, la gran mayoría jóvenes, cayeron heridos. Así perdieron la vida con múltiples balazos Sotelo y Pintado, tildados hoy de héroes de la democracia por diversos colectivos.

Los Sotelo dicen que Inti, un estudiante de Derecho de 22 años, aún está presente en los sueños de su melliza Killa. Desde allí, intranquilo, ha pedido que se hagan ritos de su ancestro andino para que su espíritu pueda partir.

A Bryan, alumno de Turismo de 24 años que trabajaba como repartidor de encargos para pagar sus estudios, lo recuerda su padre Óscar por la alegría de aquellos con sangre de la Amazonía: “Hay tiempos en que te agarra la ’depre’. Ya pasó un año y parece solo un mes. He estado pensando mucho en mi hijo. Es como revivir lo ocurrido”, dijo.

“Hay momentos en los que me veo y no me acepto por estar con una lesión que me paraliza las piernas”, le dijo al portal Wayka Jon Cordero, rockero de 25 años.

“Cada 20 minutos tengo que estar desechando los líquidos que salen por mi ileostomía que drena en una bolsa”, agregó Percy Pérez, de 28 años, quien no pudo retomar su oficio de bartender.

Merino insiste hoy en que la destitución del “Lagarto” Vizcarra (como la llama a manera de insulto) fue legítima, y asegura, sin presentar pruebas y contra todas las investigaciones, que los manifestantes fueron pagados. Mientras tanto, lucha para que el Estado le asigne una pensión vitalicia similar a las de los demás expresidentes: el equivalente a casi 4.000 dólares mensuales.

El 15 de noviembre, seis días después de asumir el mando, Merino dimitió en medio del caos. Los congresistas que estimularon su salto le dieron la espalda y colocaron como presidente interino a alguien que desde el primer momento calificó a lo que ocurría como golpe de Estado: Francisco Sagasti. (Télam)