Hace medio siglo, el 11 de julio de 1971, bajo el Gobierno del presidente socialista Salvador Allende, Chile nacionalizó el cobre, el principal recurso de explotación del país, en una gesta popular que fue considerada la segunda independencia chilena.

En un discurso pronunciado ese mismo día en la Plaza de los Héroes de Rancagua, 87 kilómetros al sur de Santiago, la capital del país, Allende proclamó ante un grupo de mineros: "Hoy es el día de la dignidad nacional, y es también el Día de la Solidaridad".

"Es el Día de la Dignidad, porque Chile rompe con el pasado. Se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política", lograda el 12 de febrero de 1818, aseguró Allende.

Antes de la nacionalización del metal rojo, el control del cobre estaba desde principios del siglo pasado en manos de dos compañías estadounidenses, la Anaconda Copper Mining, en la norteña Chuquicamata, y la Kennecott Copper, en el Teniente, 120 kilómetros al sur de Santiago.

Sin embargo, la nacionalización del cobre tuvo en aquellos años una respuesta inmediata del Gobierno del entonces presidente estadounidense, Richard Nixon, y de su secretario de Estado, Henry Kissinger.

Ambos habían montado un proyecto de "operaciones encubiertas" para derrocar al presidente Allende mediante un Golpe de Estado, concretado finalmente el 11 de septiembre de 1973, según una serie de documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo al Archivo Nacional de Chile, el 11 de julio de 1971, el Congreso votó por unanimidad la reforma a la Constitución Política de 1925 (Artículo Nº10), que permitió que el Estado chileno se convirtiera en propietario absoluto de las riquezas naturales del país.

Durante años hubo varias propuestas para la nacionalización del cobre presentadas en el Congreso por los senadores demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, el socialista Allende y el abogado Radomiro Tomic.

Allende, senador por Santiago, presentó en 1961 la primera iniciativa completa para estatizar la explotación de dicho metal y, nuevamente, reiteró su propósito en 1964.

La inclusión de nacionalizar el cobre en el Programa de Gobierno de la Unidad Popular (UP) de 1970 no representó una novedad para el conjunto de las fuerzas políticas que disputaban la presidencia chilena.

La UP estaba formada por los partidos Radical, Socialista, Comunista, la Izquierda Radical y la Acción Popular Unitaria, entre otras agrupaciones.

Poco después de asumir el Gobierno, el 3 de noviembre de 1970, el presidente Allende envió al Congreso el "Proyecto de Reforma Constitucional", y en solo seis meses, la ley fue aprobada sin cambios sustantivos.

Sin embargo, después del Golpe militar que derrocó a Allende el 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet, estas políticas de la UP fueron dejadas de lado, tras la estatización de más de 500 empresas, según informes de prensa.

La dictadura militar devolvió la mayoría de las compañías a sus dueños e inició un proceso de privatización de la economía.

Pese a que la Constitución entrega al Estado "el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas", el régimen militar estableció en los años 70 la Ley Orgánica Constitucional.

La norma otorgó a las mineras privadas la concesión plena sobre la mayor parte de los yacimientos de cobre, bajo condiciones muy favorables, según informes de la BBC.

Con el cobre, llamado popularmente "el sueldo de Chile", empezó un proceso de desnacionalización mediante el cual cerca del 70% de la producción es manejada ahora por el sector privado, mientras otro 30% esta en manos de la empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco). (Télam)