Los trabajadores agrupados en la Unión del Personal de Seguridad (Upsra), que lidera Ángel García y conmemorarán mañana su día, reclamaron a las autoridades sanitarias "la rápida e inmediata vacunación contra la Covid-19" por ser esenciales y denunciaron "los desmanes cometidos por el macrismo en el gremio".

Los vigiladores, custodios y personal de seguridad electrónica afiliados a la Upsra sostuvieron en un comunicado de prensa que están en "la primera línea de atención en numerosos objetivos o servicios de tareas en el contexto de la virulenta pandemia", y enfatizaron que comparten a diario los riesgos con el personal de salud, de limpieza y de transporte junto con otros trabajadores que exponen sus vidas, señaló el documento.

García solicitó nuevamente a las autoridades de la cartera de Salud "la rápida e inmediata vacunación del personal de seguridad privada" en todo el país, y explicó que el gremio firmó un convenio con la cámara empresaria Caesi para que en el grave contexto de la Covid-19 "el sector patronal no despida o suspenda trabajadores ni realice quitas salariales, según lo estipula el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)"

Ese convenio fue homologado por el Ministerio de Trabajo y renovado hace pocas semanas sostuvo el sindicalista, quien afirmó también que en breve el gremio iniciará las negociaciones paritarias, ya que el actual convenio salarial expirará el 30 de junio.

La paritaria aún vigente contempló una mejora salarial del 41 por ciento, señaló García, quien reafirmó que el gremio lucha por restablecer "lo arrebatado por la intervención" que en su momento dispuso el exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.

"Se arrebataron, usurparon y destruyeron numerosos inmuebles del gremio, como la sede central, el exInstituto Educativo de Bulnes al 1.100, el Centro Recreativo “Evita” de Moreno y el Hotel Regidor de Mar del Plata. Se recuperaron 60 vehículos retenidos sin causa o justificación alguna. Hubo robo de muebles, enseres, electrodomésticos, heladeras, equipos de aire acondicionado, computadoras e impresoras", denunció el gremialista.

También hubo sustracción de libros contables y de actas, de títulos de propiedades, escrituras públicas y documentación gremial valiosa por parte de una intervención que caducó el 7 de enero de 2020, y que generó la presentación de varias causas penales.

El sindicato está a la espera de una medida judicial definitiva, posterior a la cautelar de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en su momento declaró ilegítima la intervención ordenada por Triaca, quién "está incurso en desobediencia judicial, al igual que su sucesor Dante Sica, por incumplir órdenes judiciales en 2018/19, que determinaron el cese de la intervención del normalizador Rodolfo Alonso", reseñó.

El actual ministro de Trabajo, Claudio Moroni, repuso a García en su cargo de secretario general.

"Los desmanes cometidos por la intervención macrista desfinanciaron a la obra social, por lo que el gremio brega para reabrir nuevas clínicas y sanatorios en todo el país y para mejorar los servicios médicos, farmacéuticos, de investigación y de laboratorios", afirmó. (Télam)