El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, avaló hoy la decisión gubernamental de regreso a la presencialidad del personal estatal a partir del 1° de septiembre próximo, pero la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) puso reparos a esa determinación y aseguró que "será muy difícil hacerlo en los tiempos fijados".

Rodríguez, adjunto de la CGT, avaló la decisión oficial y afirmó que es "una medida favorable que desde hace tiempo y con volantes reclama la UPCN", mientras el secretario adjunto de la ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que "será muy difícil cumplir esos tiempos".

En declaraciones a Télam, Rodríguez sostuvo que "la presencialidad es necesaria, aunque cumpliendo y respetando absolutamente todos los protocolos y medidas sanitarias", y aclaró que estarán exceptuados de asistir quienes sufran inmunodeficiencias o las embarazadas, es decir, todos aquellos empleados con comorbilidades específicas.

"En el caso de los trabajadores no vacunados habrá que estudiar por qué no lo hicieron y facilitarles la inmunización si lo desean. De lo contrario, deberán firmar una declaración jurada al respecto. Pero se trata de casos excepcionales", puntualizó Rodríguez.

Para la ATE, en cambio, no es posible subestimar "la tercera ola de coronavirus, porque muchas áreas aún no cumplen de forma estricta los protocolos" sanitarios, remarcó Aguiar.

El dirigente gremial y adjunto del titular de la ATE, Hugo Godoy, enfatizó también que el país asiste a las puertas de una tercera ola de la Covid-19, lo que "no debe ser subestimado, ya que la aparición de variantes más contagiosas puede modificar de manera abrupta el escenario sanitario durante las próximas semanas", aseguró.

En un documento, Aguiar advirtió sobre el riesgo de contagios por el aumento de decenas de miles de personas en el transporte público, lo que generará grandes aglomeraciones.

El Gobierno oficializó la Resolución 91/21, que determinó el retorno a la presencialidad de los empleados estatales que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del 1° de septiembre próximo, según la norma presentada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, que detalló que los empleadores deberán avisar con un mínimo de 72 horas de anticipación a quienes deban regresar.

Además, quienes estén en condiciones de volver a esa modalidad de trabajo y no lo hagan serán pasibles de ser sancionados en base al régimen disciplinario, dijo Aguiar.

"Para que la norma pueda efectivizarse en los tiempos determinados por el Gobierno hay que acelerar todos los pasos para garantizar la provisión de elementos de protección personal y capacitar a empleados y funcionarios de la administración pública. El gremio debe velar por el cuidado de la salud de los trabajadores", concluyó el sindicalista. (Télam)