El director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma, Horacio Meguira, subrayó que "el salario mínimo es el punto de partida para regular el ingreso y para la negociación colectiva y constituye el motor del sistema arterial distributivo", y afirmó que ese piso salarial debe alcanzar a todos los trabajadores no convencionados.

Meguira reseñó asimismo que la importancia del organismo tripartito ya fue ratificada por la Corte Suprema en 1960, y reivindicó la convocatoria que se hizo al Consejo en el año 2004, en plena presidencia de Néstor Kirchner, porque, dijo, "fue un hecho transformador".

"Fue transformador por el tripartismo, la pluralidad de sus actores (empleadores y las centrales obreras de la época) y sus objetivos de empleo, productividad y salario", destacó.

Además, sobre el panorama del presente, planteó que la CTA Autónoma pretende que el Consejo del Salario "se convierta en una herramienta de articulación de la estructura de ingresos" y que su actuación "genere efectos virtuosos sobre los (salarios) básicos convencionales, las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y la homogeneización de los ingresos".

En un reportaje con Télam, Meguira reclamó acciones que superen lo que consideró una de las principales "deficiencias" del Consejo, en relación a la situación de los trabajadores no registrados, subocupados y precarizados.

"Una amplia proporción de trabajadores percibe un salario inferior al mínimo a partir de la existencia de una estructura ocupacional con fuertes niveles de fraude a la ley, de evasión o elusión por la no registración y la desocupación, a lo que se sumó la Covid-19, que agudizó la crisis y provocó pérdidas del ingreso real", describió.

Para Meguira, la suba del salario mínimo debe estar en relación con lo que implica una canasta básica alimentaria determinada por el Indec.

"Es preciso resolver la base de cálculo del mínimo, lo que continúa siendo toda una dificultad y violenta el concepto que generó el Consejo, ya que ante la nueva convocatoria no hay base de cálculo real o punto de partida para fijarlo", cuestionó.

El responsable jurídico de la CTAA señaló que una de las funciones del Consejo es "orientar la determinación de los salarios básicos convencionales" aunque aseguró que el organismo debe acordar un valor (del ingreso mínimo) que conjugue "los intereses tripartitos, el seguro de empleo, otros temas económicos y sociales, y el pleno funcionamiento de las comisiones".

En paralelo, Meguira planteó su oposición a que la CGT proponga condicionar la negociación dentro del Consejo según "la media de negociación de cada actividad".

"La idea de determinar un salario mínimo, vital y móvil nació en la Gran Depresión de Estados Unidos de 1929, de la mano del presidente norteamericano Franklin Roosevelt", rememoró, y luego asoció ese contexto económico, de crac económico, recesión y altísimo desempleo, con las dificultades del presente.

"Existe una semejanza global entre esa situación, producida entre dos grandes guerras mundiales, y la actual pandemia", argumentó.

"La Covid-19 provocará cambios sustanciales en las relaciones laborales y de producción de forma inminente. La reducción del trabajo manual y físico, la robotización y la modificación de los sistemas productivos y de los hábitos de consumo llevarán a una crisis más profunda", analizó Meguira, tras lo cual apuntó: "Los sindicatos deben tomar consciencia sobre este período".

Y tras ese diagnóstico añadió: "Por ello, el valor del nuevo (salario) mínimo es una prueba sustancial para el gobierno y los actores sociales", alertó.

"La batalla debe asentarse en las políticas de ingresos contra la codicia patronal y el gran poder de las compañías concentradas, lo que requiere de la fuerte intervención del Estado y una estrategia de recuperación del consumo", evaluó.

El abogado laboralista y miembro de la CTAA afirmó también que el sector privado ya demostró "su incapacidad para gobernar la crisis", ya que "muchas de sus especulaciones la agravaron".

"El sector alimenticio y el aumento indiscriminado de los precios son pruebas fehacientes", afirmó en diálogo con esta agencia.

En ese marco, Meguira propuso la implementación de "herramientas anticíclicas" como "la expropiación" y control por parte del Estado de áreas estratégicas del aparato productivo, en referencia al mantenimiento de las vías navegables, los ferrocarriles y las comunicaciones.

Por último, el director jurídico de la CTAA exigió que se fije "un nuevo mínimo acorde con el valor de la canasta básica" y que además "se obligue a las empresas a que ningún trabajador perciba una remuneración menor por 8 horas de labor, lo que significaría que el Estado definitivamente decidió asumir la función reguladora y que procura adecuar el sistema productivo-distributivo" para salir de la crisis.

Meguira participa desde hace más de 20 años en las conferencias anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que integra su Comisión de Normas, una de las más importantes de la entidad. (Télam)