El secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, advirtió hoy que el gremio paralizará en los próximos días las tareas si se mantiene la suspensión del ramal Roca Cargas, que administra la empresa Ferrosur y atraviesa el barrio 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires, donde hace una semana murió arrollada una adolescente de 15 años.

“La pelea no es pobres contra pobres sino en rechazo de la ineptitud, ineficacia o corrupción por el incumplimiento de la Ley 2.873 y el abandono de gente sin recursos que tiene que criar a sus hijos en medio del peligro”, señalo el gremio en un comunicado.

Maturano, secretario de Políticas de Empleo de la CGT, adelantó que de no revertirse la medida de suspensión del ramal el sindicato realizará un paro general de todos los ferrocarriles en los próximos días para evitar la disfuncionalidad de ese servicio.

“Si se pretende que un tren no pase más por un ramal tampoco pasará por ningún otro en todo el país“, afirmó el dirigente sindical y adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), quien detalló que hace años "la ocupación ilegal de predios ferroviarios es desatendida por las autoridades, y esto es lo que provoca".

Para el dirigente, esa ausencia de atención al problema provoca estas consecuencias, tras las cuales "se procura cortar las vías en lugar de mejorar la seguridad del tráfico ferroviario y promover viviendas populares a quienes ocupan terrenos fiscales”.

El sindicalista enfatizó que la ley vigente prohíbe circular por la vía y también que a una distancia inferior a los 20 metros se construya, se hagan cercos o se levanten muros, y aseguró que "la gente que ocupa los terrenos fiscales no es delincuente, pero es utilizada por intereses económicos que pretenden debilitar el sistema ferroviario para desarrollar negocios inmobiliarios”, denunció el gremio de conductores de trenes.

También remarcó que las empresas y el Estado nacional deben garantizar la seguridad y que "los predios, vías e infraestructura ferroviaria son precisamente del Estado, aun si estuviesen concesionados, por lo que toda la infraestructura ferroviaria es fiscal”, subrayó.

“El Estado ausente posibilitó que predios e infraestructuras fiscales se degraden y arriesguen, paralicen o produzcan el colapso de los servicios ferroviarios. El ferrocarril está debilitado porque los municipios y las policías provinciales no tienen jurisdicción a partir de que el terreno ferroviario es fiscal", explicó Maturano en el documento.

Maturano exhortó a los administradores de los ferrocarriles y al Estado nacional a "leer la legislación ferroviaria, a hacerla cumplir y a proteger a los sectores de bajos recursos con planes de viviendas accesibles para luchar contra las causas de la pobreza".

(Télam)