La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (Stvyara), Graciela Aleñá, respaldó hoy la decisión judicial de procesar al extitular de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) Javier Iguacel en la causa peajes.

Aleñá se refirió a la situación de Iguacel, quien como el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías fue procesado por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en la renegociación de los contratos de los peajes en los accesos Norte y Oeste.

"Comenzó a correrse el velo de la corrpción", del Gobierno de Cambiemos, señaló Aleña, sobre la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien, además, llamó a declaración indagatoria para este viernes al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

La dirigente gremial reseñó que "Iguacel prorrogó por una década las concesiones en ausencia del llamado a licitación y pagó a las empresas a través del Estado 500 millones de pesos por supuestas inversiones no amortizadas", marco en el cual "de forma inmediata, el expresidente Macri -como parte de la compañía- vendió las acciones de Ausol".

"Una lógica fraudulenta que fue de manera inmediata retomada por el exjefe de Vialidad", aseguró la dirigente sindical, que comparó esa causa judicial, iniciada a partir de una denuncia del diputado nacional justicialista Rodolfo Tahilade, con la que, en 2019, presentó el sindicato ante el juzgado número 7 de Sebastián Casanello por "la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje de los corredores viales".

La dirigente gremial explicó que las concesiones, desde abril de 2017, "vencían sí o sí y no había forma de autorizar su continuidad, por lo que Iguacel difundió una resolución ad referéndum del Ejecutivo, sin aval de un decreto presidencial".

Aleñá agregó que la denuncia penal del sindicato, en poder del fiscal Eduardo Taiano, recayó también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y expuso "una maniobra por la que las empresas concesionarias continuaron cobrando de forma ilegítima e ilegal a usuarios el peaje en las rutas nacionales".

"Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que permitió continuar emitiendo y abonando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro Nacional por valores superiores a los 30.000 millones de pesos", concluyó la sindicalista.

(Télam)