La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aceptó una denuncia del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba y de la CGT local en rechazo de la aprobación de las leyes impulsadas por el Gobierno y la Legislatura provinciales, que modificaron el convenio colectivo laboral en la Empresa Provincial de Energía (EPEC), informó el gremio.

Luz y Fuerza y la CGT denunciaron que esas normas pretenden suspender el pago de la bonificación anual por eficiencia en EPEC para trasladarlo al personal de la salud pública de la provincia, y señalaron que los trabajadores de esa empresa también prestaron servicios como "esenciales" durante toda la emergencia sanitaria por la Covid-19.

El organismo laboral tripartito mundial, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), admitió el martes pasado la queja gremial por "violación de la libertad sindical”, presentada por el sindicato y la central obrera contra el Gobierno que encabeza Juan Schiaretti y la Legislatura provincial ante el Comité de Libertad Sindical del organismo.

"Las leyes 10.539, 10.549 y 10.548, promulgadas en 2018, atentan contra los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, garantizados por los convenios mundiales del trabajo que ratificó la Argentina. Esas normas suprimieron derechos y beneficios que constan en artículos del convenio 165/75 E para EPEC y su personal". aseguraron.

En una nota dirigida al titular de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez, la jefa del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, Karen Curtis, informó que la queja gremial por violación a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva (caso 3325) será transmitida de inmediato al Gobierno argentino.

"El Gobierno debe enviar sus observaciones tan pronto como sea posible y de conformidad con el procedimiento en vigor en el sistema de control para el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Se trata de los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT. Antes de responder, el Ejecutivo nacional requerirá al Gobierno provincial información sobre los hechos denunciados para que presente su descargo", señaló el escrito.

La admisión de la queja, aunque no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la violación normativa denunciada, otorga verosimilitud al planteo de Luz y Fuerza respecto de la ilegitimidad e inconstitucionalidad de esas leyes provinciales, denunciadas por "la violación de normas de jerarquía superior, como la Constitución Nacional y los convenios".

La reforma constitucional de 1994 introdujo los tratados mundiales en el sistema jurídico argentino y les otorgó jerarquía superior a la leyes nacionales, además de eficacia vinculante a las interpretaciones de los organismos internacionales de control del cumplimiento de las normas de la OIT, como sentenció la Corte Suprema de Justicia el 11 de noviembre de 2008 en la causa Asociación Trabajadores del Estado c/Trabajo.

La admisión de la denuncia ante la OIT se inscribió en un contexto en el que legisladores radicales provinciales presentaron un proyecto de ley (el 32.956/I721) que en línea con las leyes cuestionadas procura afectar el contenido del convenio colectivo 165/75 E.

(Télam)