El Gobierno de Río Negro informó hoy que presentó una denuncia penal contra el secretario general del gremio Upcn provincial, Juan Carlos Scalesi, por "el violento ingreso a un acto escolar en Viedma, que violó todos los protocolos sanitarios vigentes y atentó directamente contra la salud de alumnos y alumnas menores de edad".

Por su parte, UPCN sostiene un reclamo de recomposición salarial y mantiene una carpa instalada en la puerta de la Casa de Gobierno, en la capital rionegrina, en rechazo al acuerdo pactado en las reuniones de la mesa de la Función Pública, que determina entre otras cosas, los porcentajes que se agregan a los salarios de los trabajadores estatales de la provincia.

El gobierno provincial ofreció un 13% para el primer semestre repartido entre febrero, marzo y mayo; y luego un 16% restante para repartirse en la segunda parte del año, pero fue considerada insuficiente y "muy por debajo del proceso inflacionario", explicó el gremio.

En ese marco, UPCN interrumpió ayer con bombos y banderas un acto en el salón de usos múltiples de la escuela primaria número 30 de Viedma, en el que se entregaban tablets del programa "A RodarEscuela" a niños de segundo grado.

La denuncia del gobierno señaló que se incumplieron "todos los protocolos sanitarios, se provocó un riesgo de incendio por el uso de bengalas y se causaron momentos de tensión y temor" entre alumnos.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia solicitó al Ministerio de Salud un seguimiento epidemiológico de los menores de edad, docentes y autoridades que se encontraban en ese momento en la escuela.

La denuncia fue presentada por el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y solicita que se investigue si los manifestantes cometieron el delito de acción pública según los artículos 205 y 239 del Código Penal, además de otros que quedan a criterio del Ministerio Público Fiscal.

El escrito detalló que "no se trató de una protesta más contra alguna medida o disconformidad del Gobierno Provincial" sino que fue "un acto de violencia que afectó de manera directa la salud, derecho a la educación, y la integridad de los alumnos y alumnas".

Para el gobierno de Arabela Carreras, con el acto sindical "se atentó contra la salud del personal del establecimiento educativo y de las familias" y "se incumplieron normas nacionales y provinciales por no respetar el distanciamiento, ni el correcto uso de tapabocas, ni los protocolos de actividades vigentes". (Télam)