Docentes privados apoyaron decreto de comunicaciones para limitar voragine empresarial

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) respaldó hoy la decisión presidencial de declarar a través del decreto 690/20 "servicios públicos esenciales" a las prestaciones de internet, televisión paga y telefonía móvil y sostuvo que la decisión procura limitar "la renacida vorágine empresarial".
"El Sadop celebra la aplicación de ese Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para frenar la vorágine empresarial y reducir la brecha digital y educacional. Los sectores patronales solo intentan maximizar sus ganancias en plena pandemia de coronavirus", puntualizó el secretario general del gremio, Jorge Kalinger.
Un documento gremial indicó que el acceso a internet es uno de "los derechos digitales para gozar de libertad de expresión y ejercerla. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló ya la importancia de que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) sean igualitarias y que se garantice el acceso a ellas de todos los ciudadanos", señaló el dirigente sindical.
"Las TIC son una forma de acceder al conocimiento, la información o el entretenimiento y se transformaron como consecuencia de la Covid-19 en el portal para ofrecer clases y que los alumnos continúen los procesos pedagógicos, sostuvo el dirigente, quien explicó que países como Francia, Holanda, Canadá y Finlandia, entre otros, consideran el acceso a internet como "derecho humano".
"El decreto presidencial no estatizó el servicio, por lo que ese argumento que exhiben los opositores puede ser desarticulado de manera fácil si se recuerda que la telefonía básica es un servicio público y está privatizado desde 1990", señaló.
El sindicalista, integrante de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT, añadió que la iniciativa gubernamental suspendió los aumentos hasta diciembre próximo y determinó que la telefonía móvil debe ofrecer planes básicos universales para reducir la brecha digital y garantizar el acceso al servicio público, por lo que el Sadop respaldó "en un todo" la medida oficial.
Kalinger explicó que la pandemia generó "especiales desafíos" para los docentes y que "el 63 por ciento de los trabajadores privados de la actividad no tiene una PC propia sino que debe compartirla con algún integrante del grupo familiar".
"Esa información y la discontinuidad del plan 'Conectar Igualdad', que distribuyó cinco millones de computadoras portátiles, evidenció el primer escollo que debieron sortear los docentes privados. La conexión a internet de los educadores y los menores es el segundo problema que tuvieron que superar", remarcó.
Por último, aseguró que "el negocio de las comunicaciones en plena pandemia y el aumento de los valores de un bien esencial laboral, educacional y recreativo exige pautas claras y el rol del Estado para ampliar las redes de comunicación y evitar las extralimitaciones, que solo procuran beneficio económico", concluyó. (Télam)