La jueza de Misiones, Carmen Elena Carbone, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 6 de Posadas, dispuso hoy que los tomadores de los créditos en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) en Misiones "no deben pagar más del 25% de sus ingresos netos en las cuotas de los créditos hipotecarios".

La decisión fue tomada a partir de una medida cautelar interpuesta por seis familias endeudadas en cuatro ámbitos judiciales de Posadas, representadas por el abogado José Bernardo Díaz.

La medida tomada estará vigente hasta tanto se resuelva la demanda principal, que plantea la revisión de los contratos y que la Justicia fijó en 90 días como plazo para buscar una resolución.

"El impacto de las variaciones de los precios, en todos los aspectos, en las economías familiares de los consumidores durante y después de la pandemia estará, sin dudas, atravesado por el sobreendeudamiento; y en este sentido las respuestas deberán construirse sobre pautas de equidad", sostuvo la jueza.

En sus consideraciones habló del desfase entre las previsiones inflacionarias proyectadas por el Gobierno de Mauricio Macri cuando se lanzaron al mercado los créditos UVA y la evolución real de la inflación.

"Las deudas deben ser pagadas, más ello no puede implicar que lo sea a cualquier costo, y surge relevante el caso como el que nos ocupa, en el que el Estado promocionó la contratación de los créditos UVA, con importante propaganda de beneficios, lo que se traduce ahora en una realidad distinta y a una actualidad económica, que en forma decisiva recae en la actividad de las entidades financieras", afirmó.

En la presentación de los deudores se pide que la Justicia interceda ante cuatro bancos privados con asiento en Misiones para salir del sistema UVA, para de esta forma, pasar a la fórmula Casa Propia y el reajuste de la deuda.

Ello, además de morigerar los actuales intereses y requiriendo la nulidad de cláusulas abusivas.

Desde el Movimiento Hipotecados UVA autoconvocados destacaron la celeridad con que actuó la Justicia, y aseguraron que a su entender "se resguardan de los derechos y garantías constitucionales y en los tratados internacionales con tal jerarquía, a efectos de proteger los derechos de los accionantes y sus familias".

"La jueza ha dicho que es el norte que da sentido a las disposiciones cautelares expuestas, teniendo como relevante que se trata de la vivienda, sede de unión y habitación, de desarrollo y crecimiento del núcleo básico de nuestra sociedad, la familia", expresaron. (Télam)