El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense dispuso recategorizar las distintas infracciones por incumplimiento a la Ley de Tránsito de Minerales y endureció las multas, que no habían sido actualizadas en los últimos siete años, con valores que en algunos casos llegaron a subir hasta un 300%.

A partir de los cambios en las categorías y del reajuste en los montos de las sanciones, informó un comunicado, se busca desalentar la competencia desleal, evitar la evasión impositiva y conocer con mayor exactitud los volúmenes de minerales extraídos y comercializados en el territorio provincial.

Las modificaciones regirán a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la nueva norma y abarcan todo el ámbito de Buenos Aires en lo que respecta al transporte de minerales, ya sea en ruta o ferrocarril.

Se procura así dar respuesta al "enorme incumplimiento" al sistema de guías de tránsito, detectado a partir de los procedimientos de control y fiscalización que viene llevando adelante la Subsecretaría de Minería bonaerense, órgano de control en la materia.

La cartera productiva bonaerense ajustó los montos que deberán abonar quienes infrinjan la normativa sobre la Guía Única de traslado para el tránsito de Sustancias Minerales, implementada por la Ley 13.512.

Según esa norma, toda persona física o jurídica que transporte o comercialice sustancias minerales o subproductos triturados, molidos y en bloque en el territorio de la provincia está obligada a solicitar expedir dichas guías.

Una de las modificaciones más relevantes es la incorporación de la figura de "reincidente", para quienes cometan más de una infracción en un plazo menor a 2 años, que recibirán sanciones más duras.

En estos casos, además, no tendrán el beneficio de reducción del monto por pago voluntario y el infractor cumplirá su obligación con la cancelación del 100 % del mínimo de la multa aplicable.

La circulación de vehículos de transporte de carga que exceden el peso permitido, indicó el comunicado, se traduce en un factor de riesgo para todo el que transita por rutas y caminos en el territorio bonaerense, provoca graves daños en la infraestructura vial y genera gastos adicionales de mantenimiento para el Estado provincial. (Télam)