Previo a la audiencia, el ENRE reafirma el pedido de nulidad de la RTI para distribuidoras

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hizo pública la auditoría por la cual considera nula la Revisión Tarifaria Integral que en 2016 se realizó para el servicio de las distribuidoras Edenor y Edesur, al considerar que "implicó un aumento irracional" y "poco transparente", como también solicita anular el traspaso de jurisdicción de ambas concesiones para mantenerlas bajo la órbita federal.
De la misma manera, el ente sugirió la impugnación del Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en mayo de 2019 entre el Gobierno nacional y las concesionarias, y sugiere una reestructuración de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para que deje de oficiar como el "principal prestamista" de las empresas distribuidoras.
Así se desprende de la Auditoría sobre la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de Edenor y Edesur que el ENRE publicó en ocasión de la convocatoria a la audiencia pública del martes para analizar una tarifa de transición para las dos licenciatarias del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)
El ente analizó en la auditoría que la política energética de la gestión Cambiemos generó "subas extraordinarias de las tarifas, quita de subsidios, incremento del precio estacional y dolarización de la generación eléctrica", lo que en conjunto tuvo como consecuencia un "fuerte impacto negativo sobre la economía de los hogares y los sectores productivos".
"Esto evidencia que el objetivo prioritario del Gobierno fue dotar de ingresos a las empresas y reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre los usuarios ni otras consideraciones respecto a la prestación del servicio", dice el documento al concluir que "las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes".
En base a esta información, el ENRE recomienda "considerar nula la RTI aprobada durante el Gobierno de Cambiemos, dando inicio a un período de transición cuyo objetivo sea la realización de un nuevo diseño tarifario que acompañe la recuperación de la actividad económica y se ajuste al marco normativo vigente".
Para tal fin, se sugiere "una reforma de la estructura del organismo regulador para dotar de mayor institucionalidad el proceso de revisión tarifaria, otorgando mayor transparencia en la información y comunicación con los usuarios".
Para el nuevo escenario tarifario, aconseja "establecer una dinámica de funcionamiento sectorial que evite el apalancamiento financiero de las concesionarias en las deudas con organismos públicos".
Específicamente, resulta necesario rediseñar el papel de Cammesa, "organismo que durante los últimos 15 años ofició como el principal prestamista de las empresas distribuidoras".
Asimismo, se sugiere la impugnación del Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en 2019 entre la entonces Secretaría de Gobierno de Energía y las concesionarias, al considerar que "existen elementos suficientes para entender que dicho acuerdo lesionó el interés público y el de los usuarios".
"Este acuerdo consistió en el reconocimiento por parte del Estado nacional de todas las obligaciones demandadas por las concesionarias y la eximición de gran parte de sus deudas contraídas con organismos oficiales", reseñó respecto del acuerdo firmado en mayo de 2019 en el que condonó deudas por más de $13.500 millones y refinanció otros $18.500 millones.
Finalmente, el ENRE recordó que "el traspaso de jurisdicción de la concesión de Edenor y Edesur se encuentra suspendido, pero no anulado", y recomienda "retener el poder concedente en la órbita del Estado nacional, avanzando en la creación de un organismo regulador tripartito, integrado por autoridades nacionales, de la provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad de Buenos Aires".
(Télam)