La Corte Suprema de Justicia volvió a fallar a favor de la aplicación del Baremo establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo, como herramienta para determinar el nivel de incapacidad en trabajadores a causas de accidentes laborales, en línea con alrededor de 20 pronunciamientos dictados en los últimos tres años.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), en un comunicado, precisó hoy que el nuevo fallo se produjo en la causa de "SEVA, Franco Gabriel c/ ASOCIART ART S.A s/ accidente-ley especial", en la que el máximo tribunal dejó además sin efecto una sentencia dictada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

En el pronunciamiento de primera instancia la perito psicóloga dijo que no estaba obligada al uso de un determinado Baremo; mientras que a la Sala VII le cuestionó que haya convalidado el máximo porcentaje de incapacidad psicológica sin examinar si las constataciones de la pericia permitían el encuadre realizado.

El caso tiene que ver con un accidente "in itinere", producto de la caída en una moto, al que se le asignó un 20,3% de incapacidad por hombro y tobillo, más un 30% por incapacidad psicológica, considerado como el máximo porcentaje de la incapacidad psicológica de la tabla, a los que se sumaron factores de ponderación, alcanzando así una incapacidad del 58,3%.

Al tachar de arbitraria la sentencia, la Corte remitió a lo señalado en el caso "Ledesma", donde sostuvo que concluir que el Baremo del Decreto 659/96 tendría carácter indicativo, no se compadece con las disposiciones del régimen legal conformado por la Ley de Riesgos del Trabajo que fue ratificada por la ley 26.773.

Este nuevo fallo del Alto Tribunal en línea con las dos docenas de fallos precedentes, aclaró aspectos con el objetivo de evitar grises que promueven lecturas que no se fundan en la norma. Entre ellos: la irretroactividad de la Ley 26.773; la utilización obligatoria de fórmulas prestacionales tarifadas, la utilización obligatoria del Baremo; la aplicación del 20% adicional solo para accidentes en ocasión del trabajo y no para los que ocurren en el trayecto.

"Buena parte de estos reclamos judiciales rechazados o corregidos en la Corte, basados en lecturas desajustadas y alejadas de los parámetros establecidos por la normativa y la doctrina, no tendrían lugar si se hubieran constituido los Cuerpos Médicos Forenses, como exigió la Ley 27348/17", expresaron desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

"La demora en el establecimiento de este nuevo cuerpo pericial, integrado por profesionales elegidos por concurso de antecedentes, que cobren sus honorarios por la tarea realizada, desacoplada esta del monto de la sentencia, y con referencia obligatoria en el Baremo, para determinar los porcentajes de incapacidad, exacerba la litigiosidad y se aleja del espíritu de la Ley", explicó la entidad empresaria.

"Con este cuerpo en funcionamiento se evitarían las distorsiones que la promueven, demoran los oportunos y equitativos resarcimientos, sobrecargan los tribunales y generan costos de intermediación superlativos. Todo lo cual, atenta contra las adecuadas indemnizaciones a los damnificados, la productividad de la economía y la sustentabilidad del sistema de Riesgos del Trabajo", concluyó la UART. (Télam)