El titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, ratificó hoy que la dependencia a su cargo va a seguir estudiando “detallada y minuciosa todas las cautelares” presentadas ante la Justicia para gestionar importaciones, debido a que se detectaron "cuestiones totalmente irregulares”.

Michel participó esta mañana en la apertura de una jornada organizada por la Aduana y la Universidad del Salvador (USAL).

El funcionario dijo que “una cosa son las discusiones entre técnicos y otras muy distintas son las estafas al fisco que, lamentablemente, es con lo que mayormente nos estamos encontrando”.

Al respecto de la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones dijo, a modo de ejemplo, que “hay casos de sobrefacturación en donde entra al área aduanera basura tecnológica de origen China por 1 U$S millón y medio o guantes de latex que están traídos por U$S 6 millones y después nadie los reclama”.

“Estamos haciendo una tarea muy ardua de analizar el encuadre penal porque esto tiene que ver con una cuestión de estafa al Estado, no solo a nivel tributario sino por el hecho del egreso de divisas de manera irregular que es el verdadero objetivo de esto”, subrayó.

Al referirse a las presentaciones efectuadas por importadores en la Justicia, manifestó que “lo que estamos planteando es que cuando se otorgaron las cautelares no se verificó uno de los requisitos que es el de `peligro en la demora´” y quedó ampliamente demostrado que este "no estaba acreditado para el otorgamiento en la cautelar”.

Hasta el momento la Aduana lleva verificadas a 1068 empresas que impusieron cautelares.

“El total de cautelares que tenemos es por U$S 2.600 millones, las 25 cautelares principales son de U$S 700 millones, y las 5 principales que ya fueron desistidas por los importadores superaban levemente los U$S 300 millones”, detalló.

Además, el funcionario remarcó que “no es lo mismo una empresa que no puede producir por la falta de insumo que alguien que está buscando el sobrestock”

“No es ilegal el sobrestock lo que sí es ilegal es buscar un remedio judicial argumentando un requisito que establece la ley de cautelares que no estaba verificado”, cerró Michel.

En el inicio de la jornada también estaba presente la decana de la facultad de Ciencias Jurídicas de la USAL, Livia Uriol y el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht.

(Télam)