Los orígenes de Orígenes y un negocio con buenos amigos

En la Argentina, desde la desaparición de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), las compañías de seguros quedaron como uno de los principales jugadores institucionales en el mercado de capitales, ya sea comprando bonos del Estado y por ende, reestructurando sus posiciones de acuerdo a la necesidad del momento y también como proveedores de pólizas obligatorias.

El mercado previsional tuvo su auge en los tiempos del ex presidente Carlos Saúl Menem y la creación del sistema de ahorro privado.

Nueve años más tarde, la pesificación compulsiva de los ahorros dispuesta por el ex presidente Eduardo Duhalde fue el golpe que lo dejó agónico.

En los ´90 y de la mano de la convertibilidad las compañías de seguro de vida y retiro, con la llegada de "players" internacionales, vivieron su mejor momento. Hoy el negocio quedó mayoritariamente en manos de jugadores locales con el nicho del seguro obligatorio que debe afrontar todo empleador, establecido por la Ley 1567/74, para todo empleado en relación de dependencia, y cuyo costo debe ser abonado íntegramente por el empleador.

En ese mercado, Orígenes Seguros es hoy una de las empresas líderes. Actualmente está en manos del grupo Dolphin en 50%, del empresario argentino Marcelo Mindlin, y el resto en las del Grupo de Servicios y Transacciones, también de capitales nacionales.

Al momento de la llegada de los nuevos dueños al mercado asegurador, se sugirió que el interés de Mindlin, entonces dueño del negocio de Pampa Energía, estaba asociado a poder ofrecer productos financieros a través de la factura de luz que recibían todos los meses los usuarios de Edenor.

Días atrás se conoció que el Gobierno de Corrientes le adjudicó en forma directa a la firma Orígenes un millonario negocio vinculado a los seguros de vida de los empleados estatales
El hecho fue cuestionado por la oposición que denuncia que el Gobierno correntino realizó una designación por fuera de los mecanismos establecidos para la contratación de firmas privadas por parte del Estado provincial.

Entienden que se hizo por "vía de excepción" y sin dar aviso a los empleados ni a la Legislatura respecto del cambio de prestador, ya que antes estaba asignado a Sancor Seguros o Nación Seguros. También cuestiona que se evitó informar las condiciones en las que se rescindieron los contratos de estas firmas.

Además luego de la contratación, la administración de Gustavo Valdés autorizó un aumento del 3.692% en el cobro mensual de esas pólizas.
Consultados por la NA, voceros de Orígenes se abstuvieron de hacer comentarios y desde el Gobierno provincial señalaron que "se ajustaron a derecho".

El cambio implicó una "actualización" de valores. Según los recibos, a los empleados estatales se les descontó en septiembre $3,25 por este concepto. En octubre, tras la contratación por decreto de Orígenes Seguros de Retiro, el descuento pasó de $3,25 a ser de $120, lo que implica un incremento del 3.692%.

En términos económicos, si se tiene en cuenta que -según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, publicados en 2018- existen 64.812 trabajadores públicos provinciales, el Estado correntino invertía mensualmente $ 210.639 en concepto de seguro de vida. Desde octubre, tras la contratación de Orígenes, el desembolso aumentó a $ 7.777.440.

No es la primera vez que el nombre de Orígenes queda en medio de hechos poco transparentes. En tiempos pasados, con otros dueños y cuando la empresa pertenecía al grupo previsional que incluía la AFJP, la administradora fue investigada por una presunta estafa en perjuicio de sus afiliados, es decir contra los trabajadores que ahorraban para su futura jubilación.

El querellante en esa causa fue el propio organismo de control ya inexistente, la Superintendencia de AFJP. La administradora de Orígenes fue acusada de haber especulado para rédito de la propia empresa a través de la compraventa de bonos y acciones que, de arrojar ganancias, eran adjudicadas a la cartera propia de la compañía, pero si en cambio generaban pérdidas eran imputadas al fondo de la jubilación de los aportantes.

La causa recayó en el Juzgado de Julio Cruciani, el juez del moñito. Pasaron los años, el sistema de capitalización se re-estatizó: sin embargo los lazos políticos quedan y los negocios avanzan. Eco/EFR/PT NA