La región de América Latina y el Caribe (ALC) está saliendo de la crisis de Covid-19, pero la recuperación es más lenta de lo esperado, y las secuelas que ha dejado en la economía y la sociedad tardarán años en desaparecer, advirtió hoy el Banco Mundial (BM), en su informe semestral dado a conocer en Washington, en el marco previo de la cumbre anual del organismo multilateral y el FMI que se realizará la próxima semana.

El organismo pronosticó que el crecimiento en la región sería este año de 6,3%, 2,8% en 2022 y 2,6% en 2023.

"La recuperación económica de América Latona y el Caribe es más acelerada de lo que se preveía a principios de año, pero más débil de lo que vaticinaban los vientos de cola favorables. Las previsiones de crecimiento para 2021 se han actualizado durante el verano (boreal) y se espera que el crecimiento regional se sitúe en el 6,3 % en 2021, con lo que prácticamente se recuperarían las pérdidas del 6,7 % de 2020", estimó el organismo.

El BM sostuvo que "ahora más que nunca, es necesario recuperar un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible para reparar tanto el legado de la pandemia como necesidades sociales persistentes. Cada vez es más evidente la urgencia de abordar agendas políticas desatendidas durante mucho tiempo que frenan el crecimiento en la región".

Más adelante, el informe remarcó que "los costos sociales de la pandemia han sido abrumadores. Las tasas de pobreza de 5,5 USD/día, sin incluir Brasil, aumentaron del 24% al 26,7%, lo que supone el nivel más alto en décadas; las y los estudiantes perdieron entre uno y un año y medio de educación; y el retroceso experimentado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU sobrepasó al de la crisis financiera mundial".

Entre los factores que amenazan a las economías de los países de la región, el BM destacó que "si las presiones inflacionarias mundiales no son temporales, las tasas de interés mundiales aumentarán y deprimirán la demanda y dificultarán la gestión presupuestaria".

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Al mismo tiempo, el BM señaló que "en muchos países entre el 40% y el 60% de las empresas han incurrido en mora a causa de las caídas en los ingresos provocadas por la pandemia. En el mejor de los casos, esta sobrecarga frenará la inversión y, en el peor, creará empresas "zombis" que, si bien son insolventes, siguen operando".

El BM se mostró preocupado por "el aumento de los déficit presupuestarios ya que la disminución de los ingresos de las Administraciones públicas y los extraordinarios esfuerzos para proteger a las familias y a las empresas durante la pandemia de Covid-19 han conducido a elevados déficits y un aumento de la deuda. La ratio deuda pública/PIB promedio ha aumentado drásticamente en dos años, en 15 puntos, hasta alcanzar el 75,38 %, lo que ha reducido la capacidad de obtener préstamos en el extranjero y ha dificultado la gestión fiscal de cara al futuro".

Finalmente, el BM recomendó a los países tomar medidas para mejorar la eficiencia del gasto. "No se trata de recortar el gasto de forma generalizada -como se ha hecho tantas veces a lo largo del tiempo, y que ha resultado en fuertes efectos contractivos-, sino que significa hacer un mejor uso de los recursos existentes. Las ineficiencias estimadas en la contratación pública, la función pública y las transferencias para fines concretos en ALC representan una cantidad promedio de gasto ineficiente del 4,4 % del PIB -mayor que el gasto promedio actual en salud y casi igual que el gasto promedio en educación- y representa alrededor del 16 % del gasto promedio del Gobierno. La contratación pública de bienes, servicios y bienes de capital representa, por término medio, el 30 % del gasto y es, con frecuencia, una fuente de despilfarro, mala gestión y, en algunos casos, corrupción. El gasto ineficiente debido a sobornos y presupuestos inflados parece ser enorme: alrededor del 26 % sobre el costo de los proyectos. Las simulaciones del Banco Mundial estiman un ahorro de entre el 16 % y el 22 % con sencillas modificaciones de las prácticas y sin cambiar las leyes actuales de contratación del sector público. La factura salarial promedio consume el 29 % del gasto de las Administraciones públicas y se calcula que las ineficiencias del gasto salarial suponen el 1,2 % del PIB. Alrededor del 30 % del gasto público en promedio en ALC consiste en transferencias, incluidos los programas sociales, los subsidios a empresas (sobre todo, energéticos) y las pensiones contributivas; las ineficiencias debidas a errores en la asignación y al gasto ineficiente se estiman en alrededor del 1,7 % del PIB". (Télam)