El Gobierno nacional reiteró hoy que la continuidad de la tarifa social para el consumo eléctrico será una decisión de las autoridades provinciales, tal cual se acordó en el consenso fiscal firmado en septiembre, con lo cual salió al cruce de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) que argumentó que la caída del beneficio era una decisión de la Nación.

Así lo planteó la Secretaría de Energía de la Nación mediante una solicitada publicada en los medios cordobeses en la que rechazó la carta que EPEC envió a sus usuarios anunciando el cese de la tarifa social por decisión del gobierno federal y que la provincia mantendría el 50% del subsidio sólo por el primer trimestre de 2019.

"Si su familia pierde en estos días el beneficio de la Tarifa Social será por decisión del gobierno de Córdoba", aseveró la solicitada en referencia a la situación de unos 170.000 usuarios beneficiados en la provincia.

Desde la secretaría de Energía se explicó a Télam que a través del Consenso Fiscal del 13 de septiembre y ratificado por ley "se acordó que a partir del 1 de enero cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales".

"Esto fue acordado por los gobernadores -incluido el de Córdoba- con el Gobierno nacional, en un entendimiento en el que se incrementaban las transferencias desde la Nación a las provincias y al mismo tiempo se les permitió incrementar sus propios recursos", se destacó desde las oficinas del secretario Gustavo Lopetegui.

Las fuentes explicaron que la Nación realizó "desde 2016 un esfuerzo fiscal, transfiriendo en concepto de Tarifa Social Federal eléctrica más de 24.000 millones de pesos a hogares vulnerables de todo el país".

Ese subsidio redujo una parte importante de la factura final de esos usuarios, la correspondiente al costo mayorista de la energía, que es fijada por el Estado Nacional.

A pesar de lo firmado -explican desde el Gobierno nacional- la provincia de Córdoba a través de la empresa estatal confirmó el retiro de los subsidios y el nuevo esquema de aporte del 50% del beneficio.

Pero más allá del debate sobre la responsabilidad de la caída de la tarifa social para los usuarios cordobeses, desde la Secretaría de Energía se aclaró que la determinación del valor agregado de distribución (VAD), que constituye la remuneración a la distribución de energía eléctrica, corre por cuenta de las jurisdicciones provinciales, a excepción de Edenor y Edesur.

En un análisis tarifario, las fuentes plantearon que "Córdoba tiene una de las tarifas finales de distribución más caras del país", en particular teniendo en cuenta que en 2018 el incremento acumulado del costo de la distribución en Córdoba, para el promedio de los usuarios residenciales, rondaría el 60%. (Télam)