El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, confirmó hoy que en los próximos días será presentada una denuncia penal ante la justicia federal por las irregularidades detectadas en la prórroga por 10 años de las concesiones viales de los accesos Norte y Oeste dispuesta por la gestión de Mauricio Macri y que se solicitará su anulación con la convicción de que la gestión de las autopistas debe estar en manos del Estado.

“Se va a iniciar una acción legal en la justicia federal que es el único ámbito que tiene la autoridad y la competencia para anular un contrato. Nosotros necesitamos que este contrato se anule y que las autopistas vuelvan en cabeza del Estado”, subrayó Katopodis en una entrevista que brindó a Télam.

El ministro abogó por que “se interrumpa, se frene este verdadero negociado" que la gestión macrista realizó "con los peajes y que también lo hicieron con el Correo, con las concesiones de participación público privada (PPP), y en cada lugar del Estado que tocaron, aprovechándose para hacer negocios”.

“Ellos (en referencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio) vienen planteando que son una expresión de transparencia y honestidad, que a lo largo de su gestión fue un símbolo de hacer las cosas claras, pero el tema de los peajes es un tema más, no el único, donde claramente ese discurso no tiene asidero con la realidad”, subrayó Katopodis.

Señaló que el macrismo “prorrogó los contratos de los peajes y determinó sin ningún fundamento una deuda a favor de las empresas, que la dolarizó”.

“La manera que encontraron de hacer efectiva esa deuda, de que las empresas pudieran cobrar esos millones de dólares, no sólo fue prorrogar ese contrato sino fundamentalmente utilizar el sistema de peaje como medio de pago”, subrayó el funcionario.

Así, el titular de la cartera de infraestructura remarcó que “todos los argentinos, cada vez que utilizamos alguna de esas autopistas, estamos contribuyendo, obligados, a pagarles en nombre del Estado nacional esa presunta deuda a estos empresarios”.

En ese sentido, en línea con lo expresado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, Katopodis recordó que el gobierno de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- resolvió “dolarizar la tarifa, y lo que hoy sale $ 100 se transforme y se actualice a un valor absolutamente irracional de $ 1.200 que era lo establecido en los contratos y actualizaciones tarifarias”.

“Fue lo que fundamentalmente ellos necesitaban para que, en estos 10 años hasta el 2030, con el uso de esos corredores viales y autopistas, todos los argentinos carguemos sobre nuestras espaldas con esa deuda que no tiene ningún fundamento ni elemento serio de cómo fue determinada”, concluyó el ministro.

A través de un decreto publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

En su artículo 1, el Decreto 633/2022 que lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, señala: "Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida".




(Télam)