(Por Luciano Couso) Un inspector del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que advirtió en 2016 un presunto caso de evasión impositiva con soja importada desde Paraguay fue trasladado de su puesto y amenazado, hecho que denunció ante la justicia federal y en la que se investiga al director regional del organismo durante el macrismo, que en la actualidad es uno de los principales dirigente de esa fuerza en Santa Fe.

"Recibí amenazas, atentados contra mis vehículos, la pasé muy mal y me tuve que aislar con mi familia", contó a Télam Norberto Bardey, quien ahora es jefe de inspectores del Senasa en los puertos del Gran Rosario.

El 15 de septiembre de 2016, Bardey elevó una nota a sus superiores de Área Jurídica y al director regional del Senasa, porque había visto en una publicación del organismo que parte de las más de 200 mil toneladas de soja importadas desde Paraguay en el primer cuatrimestre de ese año habían llegado al puerto que la cerealera Louis Dreyfus tiene en la localidad santafesina de General Lagos.

El puerto estaba cerrado desde hacía cinco años por un incendio.

En la nota Bardey solicita a los funcionarios tener "a bien iniciar una investigación" porque en base a los archivos de la delegación Villa Constitución –con jurisdicción sobre el puerto de General Lagos- no existía "ningún pedido de trabajo de importación de granos desde Paraguay, de 5 años a esta parte".

Según contó Bardey a Télam, el entonces responsable del Senasa en la zona, el contador Cristian Cunha, un funcionario político sin experiencia en el sector y que ahora conduce el partido PRO en Santa Fe, lo trasladó primero al puerto de San Nicolás y luego al de Zárate.

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"Me trasladaron compulsivamente a San Nicolás para que no vea más lo que estaban haciendo", dijo el inspector, y recordó que entonces recibió "amenazas teléfonos y me rayaron el auto".

Y explicó que tanto el responsable del área jurídica como el entonces director regional, Víctor Di Pasquale, también fueron trasladados por la gestión de Cunha.

Di Pasquale y el diputado provincial santafesino, Carlos Del Frade, denunciaron al entonces presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Cunha –entre otros- por "nombramiento ilegal".

El responsable del Senasa en los puertos del Gran Rosario, por donde sale el 80% de las exportaciones agroalimentarias del país, fue designado en su cargo por la Decisión Administrativa Nº277 de 2017, publicada en el Boletín Oficial del día 2 de mayo de ese año, si bien se desempeñaba "de hecho" al frente del mismo desde agosto de 2016, según la denuncia que está en Juzgado Federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque.

"Cunha trabajó sin nombramiento seis meses, vino con otras personas que son inspectores de los puertos privados, se hicieron cargo de todos los controles", contó Bardey, con 30 años de antigüedad en el Senasa.

También denunció que en 2018 sacaron una resolución en la que transfirieron "casi la totalidad de los controles del Senasa a los puertos privados".

El inspector, que tras la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2019 regresó a Rosario y quedó a cargo de la inspección de los puertos de la zona, dijo a Télam que "la gestión del macrismo, durante los cuatro años, no sólo levantó la barrera sanitaria, sino que la transfirió a los privados, que se autogestionan, dicen qué cantidad de cereales entra y la mercadería que sale".

El diputado Del Frade, por su parte, señaló a Télam que en 2017 denunció "el nombramiento ilegal de Cunha" y agregó que ese exfuncionario del Senasa "estaba vinculado directamente al expresidente Mauricio Macri".

"Su nombramiento tenía que ver con una ilegalidad para poner a alguien del 'palo' con el fin de desarticular el Senasa en los principales puertos del país", afirmó el legislador.

Tras pasar por los Tribunales Federales de Santa Fe y Comodoro Py, la causa regresó al juzgado de Bailaque, en Rosario, sin que se registraran avances, según los denunciantes.

(Télam)