La audiencia pública para el análisis de una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur culminó hoy con su segunda jornada de exposiciones, en las que se destacaron las ponencias de las asociaciones vinculadas a la cadena del sector eléctrico.

Del encuentro de hoy, que culminó a las 17 bajo la presidencia de la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, también participaron representantes de entidades civiles y de bien público y de defensa de los consumidores, así como decenas de particulares interesados.

Más de 150 oradores tuvieron la posibilidad de exponer de manera virtual sus posiciones en torno a la adecuación tarifaria del servicio de distribución de las empresas que atienden a más de 5,5 millones de usuarios del Área Metropolitana Buenos Aires.

Así, con la audiencia de hoy, se complementaron las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad y de gas por redes.

Hoy, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, afirmó que las licenciatarias deben contar con "recursos adecuados, oportunos en el tiempo y suficientes", y que para ello "las tarifas deben ser calculadas en la ley marco regulatorio y seguir el concepto de tarifas justas y razonables".

Esta adecuación tarifaria debe ser tal que "permita ingresos suficientes para la prestación del servicio, pago de impuestos y costo de capital", y que en esta instancia de debate se debe atender el "principio de aplicar el recálculo por inflación de cada una de las distribuidoras reconociendo el verdadero costo del servicio".

Para Adeera, que nuclea 48 prestatarias públicas y privadas, "los usuarios en la Argentina pagan menos que los habitantes de otros países", al tomar como referencia un consumo de un consumo de 200 kv/h en las distribuidoras Edenor y Edesur, por el cual se paga actualmente $950 finales con impuestos.

Bulacio precisó que "por ese mismo consumo en La Paz, Bolivia, un usuario paga el equivalente a $2.000; en Goiás Brasil $3.900; en Uruguay $4.800; en Chile $4.316 y en el sur de Perú $5.000".

Finalmente, Bulacio afirmó que a el atraso en la actualización registrado durante los últimos años, "se sumó una fuerte caída en la demanda, y un aumento en la morosidad y las pérdidas, lo cual impactó en los ingresos pero no en los costos, además de la emergencia sanitaria".

Luego de la exposición en similar sentido de entidades de la cadena eléctrica como la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica (Agueera), y la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica (Ateera), el jefe del departamento de energía de la Unión Industrial Argentina, Alberto Calsiano, planteó la situación del sector productivo ante el aumento tarifario.

En el incremento de tarifas eléctricas "se debería aplicar un gradualismo real, sin exclusiones en particular para los Potencia igual o superior a 300 Kw, denominados (GUDI) que demandan una potencia superior a 300 Kw, al entender que la energía eléctrica es un insumo que se expande aceleradamente en la producción de bienes y servicios", dijo Calsiano.

"El costo eléctrico ha venido incrementándose significativamente en dólares desde 2003 y la actividad industrial recién comienza a registrar un leve recupero y heterogéneo", afirmó el dirigente de la UIA, quien requirió también "implementar un régimen dedicado a los usuarios electrointensivos, no tener subsidios cruzados y asegurar la seguridad del servicio fundamental para la industria 4.0".

Para el directivo de la UIA "la calidad y y cantidad de servicio no deben ser la variable de ajuste de al recomposición tarifaria" y de la misma manera agregó que "la reducción gradual de los subsidios no puede caer exclusivamente en el sector productivo".

En la jornada de ayer, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios. (Télam)