El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, evaluaron hoy con funcionarios y legisladores nacionales un intento de venta de inmuebles que la empresa Edesur buscó concretar en 2018, por un monto superior a US$ 8,8 millones.

La operación buscada comprendía bienes que forman parte del contrato de concesión de Edesur, sin la necesaria autorización.

De la reunión de análisis también participaron los diputados nacionales Vanesa Siley y Walter Correa; el secretario General de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci; el Coordinador de Gestión ENRE, Jonathan Simón; y la integrante de la Comisión Directiva de la Apsee, Mara Rivera.

Según informó el ENRE esta tarde mediante un comunicado, la operación de venta no había sido autorizada por el Ente Regulador, por lo que fue objeto de un pedido de informes y un amparo solicitado por los diputados en 2019, así como de una medida cautelar en 2020.

En la reunión se analizaron las gestiones realizadas por los diputados y por el Ente respecto de las operaciones inmobiliarias que la concesionaria de distribución pretendió realizar sobre bienes afectados al servicio público.

En 2018, la empresa había iniciado un “Plan de Racionalización” que involucraba la venta de veinte inmuebles, por lo que el ENRE inició un procedimiento administrativo para recabar información sobre dichas operaciones.

Por su parte, los diputados Siley y Correa ingresaron en la Cámara de Diputados un pedido de informes sobre el tema.

A raíz de un pedido de amparo interpuesto por los dos legisladores, en abril de 2019 el ENRE intimó a la empresa a que se abstenga de vender los inmuebles de su propiedad afectados al servicio público.

En octubre de ese año, una auditoría contable detectó dos boletos de venta de inmuebles en las localidades de Avellaneda y Lomas de Zamora, referidos a operaciones por montos totales de US$ 2.700.000 y US$ 6.150.000, respectivamente; así como un boleto de compra de dos lotes en Lomas de Zamora, referido a una operación cuyo monto total era de US$ 900.000.

El 24 de junio de 2020, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 hizo lugar a una cautelar solicitada por el ENRE para que la empresa se abstenga de la venta de los inmuebles hasta tanto contara con el permiso del Ente Regulador y para que se realizara una auditoria técnica que determinase la presunta innecesaridad de los inmuebles para el servicio público que brinda la distribuidora.

El ENRE tiene como mandato velar por el cumplimiento de las normas establecidas en los contratos de concesión realizados entre el Estado y las empresas distribuidoras y transportistas, por lo que le corresponde asegurarse de que acciones como la compraventa de inmuebles no perjudiquen el servicio público brindado por la concesionaria. (Télam)